Este jueves, la Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de 5.000 hectáreas de tierras pertenecientes al exfutbolista y director técnico Ramón Díaz. La medida se justificó bajo el argumento de que durante los últimos 21 años no se realizaron las inversiones necesarias para cumplir con la finalidad estipulada al momento de la venta de los terrenos. Sin embargo, desde la oposición surgieron serias advertencias sobre el impacto de esta decisión en la seguridad jurídica de la provincia.
El diputado provincial Gustavo Galván, en diálogo con Radio La Red, expresó su preocupación respecto al proceso de expropiación y la falta de claridad en los argumentos que lo sustentan. “Lo que planteamos es que el objeto que se estaba señalando en la expropiación de esos dos campos era distinto al que figuraba en el proyecto”, comentó Galván.
Durante el debate en la Legislatura, Galván observó que los legisladores del bloque mayoritario presentaron diferentes argumentos para justificar la expropiación, mencionando motivos agropecuarios, turísticos, entre otros. Sin embargo, el diputado destacó que la Ley de Expropiaciones exige que la utilidad pública, fundamento legal de toda expropiación, sea específica y orientada a satisfacer el bien común. “Aquí, el destino de los bienes expropiados fue descrito de manera muy genérica, bajo el argumento de que es para fines turísticos, lo que pone en riesgo el cumplimiento del fundamento legal”, afirmó.
Galván insistió en la necesidad de que las expropiaciones cumplan con los procedimientos legales establecidos y que se especifiquen claramente los fines para los cuales serán utilizadas las tierras. “No se puede justificar una expropiación con un argumento tan amplio como ‘fines turísticos’. Esto abre la puerta a demandas contra el Estado por parte de los propietarios”, advirtió.
El legislador señaló que en sesiones anteriores, ya se habían expropiado dos inmuebles de alto valor en el centro de la ciudad con un destino igualmente genérico, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad y transparencia de estos procesos. Según Galván, la falta de especificidad en los proyectos expropiatorios podría generar un aumento en los litigios contra la provincia.
El legislador también señaló que, si Ramón Díaz no está conforme con la indemnización ofrecida por la provincia, es probable que inicie un juicio contra el Estado provincial. “La ley debe ser mucho más específica y cumplir con todo el procedimiento, tanto en el objeto de la expropiación como en la indemnización. De lo contrario, terminaremos con otro juicio más contra la provincia”, sentenció Galván.
La oposición sostiene que este tipo de decisiones ponen en riesgo la seguridad jurídica en La Rioja, ya que los propietarios podrían verse desprotegidos ante expropiaciones que no cumplan con los requisitos legales establecidos. Galván concluyó advirtiendo que, para evitar conflictos judiciales y garantizar la transparencia, es fundamental que la ley se aplique de manera estricta y que los proyectos expropiatorios sean claros y específicos en sus objetivos.
