El Ministerio de Capital Humano, en colaboración con el Ministerio de Desregulación, emitió cuatro Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que buscan reformar la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en el presupuesto de las universidades públicas. Estas modificaciones buscan mejorar la gestión de los recursos públicos y asegurar una mayor rendición de cuentas en la administración de las universidades nacionales.
Uno de los principales cambios es la eliminación de la posibilidad de hacer contrataciones directas con universidades o con personas físicas o jurídicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Esta medida tiene como objetivo evitar prácticas que podrían comprometer la transparencia y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada.
Además, las nuevas disposiciones obligan a las universidades nacionales a adoptar distintos sistemas electrónicos utilizados por la administración pública nacional. Entre ellos se encuentran los sistemas COMPR.AR y CONTRAT.AR, que se utilizarán para gestionar compras y contrataciones, y el sistema e-SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera), que será obligatorio para la administración de los recursos financieros de las universidades.
Según explicó Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación, actualmente unas 35 universidades ya utilizan estos sistemas, lo que representa aproximadamente la mitad de las instituciones. Sin embargo, Álvarez destacó que el objetivo es que el 100% de las universidades adopten estas herramientas para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
“El uso de estos sistemas es fundamental para asegurar la debida rendición de cuentas. Las universidades que no adoptan estos sistemas atentan contra la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos”, aseguró Álvarez. Con estas reformas, el gobierno busca consolidar un sistema más eficiente y transparente para la gestión de los recursos en las universidades, contribuyendo a una mayor confianza en la administración pública.
Fuente: Ámbito Financiero
