El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reiteró su firme postura contra la ocupación ilegal de tierras en la provincia, asegurando que su administración no tolerará más usurpaciones y que respetará “a rajatabla” la propiedad privada y el patrimonio público. Sus declaraciones se enmarcan en la investigación por la toma y venta ilegal de terrenos pertenecientes al gobierno provincial en la zona de El Mollar.
“Queremos colaborar con la Justicia en los tiempos que consideren, pero hay un fallo claro de restitución y desalojo de los terrenos”, afirmó Jaldo. El mandatario destacó que el gobierno provincial ha recurrido a la Justicia para resolver estos conflictos y que los fallos judiciales han respaldado la posición del Estado tucumano en las diferentes instancias. “Hemos acudido a la Justicia, que dictó diferentes fallos y dio la razón al gobierno provincial, protegiendo el patrimonio de los tucumanos”, sostuvo.
Jaldo también advirtió que su administración actuará de manera firme en todos los casos de usurpación que se detecten. “En todos los lugares donde tengamos información sobre acciones de usurpación, vamos a accionar ante la Justicia. El Mollar hoy es un caso emblemático, pero puede haber otros”, señaló.
Avances en la investigación
Por su parte, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, brindó detalles sobre el avance de la causa. Explicó que la zona del Perilago, un área protegida, ha sido objeto de ocupaciones ilegales en los últimos dos años, situación que la provincia logró detectar y sobre la cual presentó una medida cautelar para evitar alteraciones en el área.
Además, Pedicone se refirió al caso del loteo “Castro”, donde la Justicia ordenó la restitución y el desalojo de los terrenos. “Hemos logrado que la Justicia ordene la restitución y desalojo, y vamos a esperar el plazo de 10 días dispuesto para que se haga operativa la decisión del juez”, indicó.
La fiscal también advirtió sobre la gravedad del problema de las usurpaciones en Tucumán, recordando que la provincia ha sido víctima de este tipo de situaciones durante años, con personas engañadas o cómplices de estas prácticas ilegales. “Hoy es un tema prioritario, a tal punto que la Fiscalía está armando una estructura propia para afrontar este tipo de situaciones irregulares”, concluyó.
Con estas acciones, el gobierno de Tucumán busca sentar un precedente claro en la defensa del patrimonio público y privado, mientras avanza en la recuperación de terrenos ilegalmente ocupados.
