En el marco del juicio por el femicidio infantil de Zoé Natasha Córdoba en Chilecito, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que las pruebas presentadas son irrefutables y ratificó la acusación contra María Jimena Córdoba y Andrés Regino Bustamante. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado, y en el caso de Bustamante, el delito fue calificado como femicidio. El fiscal Luis González Aguirre enfatizó que los elementos probatorios “lograron acreditar la participación de ambos acusados en este aberrante crimen”, y agregó que el caso se enmarca en un contexto de violencia de género.
El fiscal detalló que las pruebas incluyen declaraciones testimoniales, documentales y periciales, todas ellas presentadas para demostrar la participación activa de los acusados. “La defensa intentará argumentar una serie de cuestiones que, a nuestro criterio, no tienen mayor relevancia y no pueden conmover de ninguna manera la solidez de esta acusación”, afirmó González Aguirre, en dialogo con La Red.
En relación a los detalles del crimen, González Aguirre indicó que se trató de un acto premeditado y brutal: “Zoé fue golpeada hasta quedar inconsciente, luego colocada debajo de una motocicleta y prendido fuego. Murió por asfixia de humo y quemaduras extremas”, señaló, describiendo los hechos que configuran el homicidio agravado por alevosía y la violencia desproporcionada ejercida.
Debate sobre la Actuación de Organismos de Protección
El juicio también abordó la posible negligencia de los organismos encargados de la protección de la niña. Sin embargo, el fiscal aclaró que este tema, aunque importante, no afecta directamente la acusación en este proceso: “No se hizo hincapié en ese aspecto, aunque podría considerarse en otra instancia judicial. Lo relevante aquí es la responsabilidad penal de los acusados”, sostuvo el fiscal, quien agregó que las disputas previas por la custodia de Zoé entre la madre y la familia paterna fueron consideradas como antecedentes relevantes pero no decisivos en la acusación.
Como parte de las pruebas, se realizó una inspección ocular en el lugar donde ocurrió el crimen. El tribunal, presidido por la jueza Karina Cabral, junto a los fiscales y defensores, recorrió la vivienda y las zonas aledañas. Este procedimiento permitió verificar la disposición de las cámaras de seguridad y los accesos, elementos clave en la investigación que confirman la premeditación del crimen
Tras tres meses de audiencias y más de 50 testimonios, el caso Zoé se encuentra en su tramo final. La Fiscalía se mantiene firme en la solicitud de prisión perpetua para los acusados, reiterando que las pruebas presentadas acreditan plenamente la responsabilidad penal. “La gravedad de los hechos no deja espacio para la duda”, sostuvo González Aguirre, en un juicio que ha generado amplio debate público sobre la violencia de género y la eficacia del sistema de protección infantil en La Rioja.
