La secretaria de la Mujer y Diversidad de la provincia, Karen Navarro, dialogó con Radio La Red La Rioja para explicar los alcances de la actualización del protocolo provincial de abordaje en situaciones de violencia de género, una herramienta clave que se reformuló tras un año de trabajo interinstitucional. “Durante 2024, por iniciativa de la diputada Lourdes Ortiz , se convocó a distintos actores del Estado vinculados a la temática: fuerzas de seguridad, equipos de intervención en violencia, la comisión de género del Poder Judicial y actores del sistema de salud. El objetivo fue actualizar el protocolo provincial para mejorar su implementación en todos los niveles del Estado”, explicó Navarro.
La funcionaria detalló que esta nueva versión incorpora una mirada en clave de diversidad, ajustes en los criterios de codificación en salud, y un enfoque más preciso sobre el nivel de riesgo de las víctimas, especialmente en situaciones donde está en juego la integridad física. “Uno de los puntos fundamentales es establecer criterios claros sobre el ingreso de una persona en situación de altísimo riesgo al hogar de protección integral, incluso antes de que se emitan medidas judiciales. Apuntamos a evitar la revictimización y fortalecer la respuesta temprana”, sostuvo.
Diagnóstico, fallos y desafíos
Navarro también se refirió a las falencias institucionales detectadas durante años de implementación del protocolo original. “Con el tiempo pudimos ver qué puntos eran débiles. Por ejemplo, el descreimiento al momento de radicar una denuncia sigue siendo una de las principales trabas. Por eso implementamos un formulario único de denuncia, para agilizar la evaluación del nivel de riesgo y activar acciones inmediatas”.
En cuanto a la situación actual, detalló que se registran unos 40 ingresos semanales de casos vinculados a violencia, con seguimiento institucional. Consideró que sí se detecta un incremento en la complejidad de los casos, atravesados por factores como la pobreza, la demanda en salud mental, o situaciones de vulnerabilidad infantil. “Cuesta mucho lograr la adherencia a los seguimientos psicológicos. Muchas mujeres no pueden trasladarse, y no todas aceptan la atención virtual. Necesitamos reforzar la articulación con salud mental y con el sistema educativo, que es muchas veces donde se detectan las situaciones de violencia”, puntualizó.
El caso Zoe Rodríguez y el rol del Estado
Sobre el reciente fallo por el femicidio y maltrato infantil de Zoe Rodríguez, Navarro valoró que la justicia haya señalado omisiones graves por parte de organismos del Estado. “Hubo intervenciones negligentes. El caso deja un aprendizaje fuerte: los protocolos deben ajustarse, y los organismos deben actuar con responsabilidad cuando se trata de mujeres o infancias en riesgo. La mirada interseccional es imprescindible: saber en qué contexto vive la víctima, qué instituciones la rodean y cómo se articulan esas intervenciones”.
Navarro, anunció que, una vez aprobado formalmente, el nuevo protocolo será presentado públicamente: “Es muy importante que los medios conozcan estos procedimientos, porque son parte esencial de la cadena de protección”.
