La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formaliza el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un total de 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones. La votación se realizó en medio de un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se esperaba una nueva movilización en defensa de los derechos de los jubilados.
El apoyo a la iniciativa provino principalmente de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo, así como la mitad del bloque Encuentro Federal. Esta coalición se unió para respaldar un acuerdo que ha sido objeto de intensos debates y controversias en los últimos meses.
El contexto de la sesión estuvo marcado por la reciente marcha del miércoles pasado, que concluyó con graves incidentes, heridos y cientos de detenidos. Ante este panorama, el Gobierno había anticipado una convocatoria aún más nutrida para esta tarde, ya que agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos anunciaron su participación en el reclamo.
Desde el inicio de la sesión, el ambiente dentro del recinto fue tenso. Los diputados de La Libertad Avanza propusieron un Plan de Labor cuyo objetivo era acortar los tiempos del debate. Esta moción buscaba limitar la duración de las exposiciones y reducir la cantidad de cuestiones de privilegio para poder llevar a cabo la votación a las 16:00 horas. Sin embargo, esta propuesta generó un fuerte rechazo por parte del bloque peronista, que acusó al oficialismo de restringir el derecho a expresarse dentro del recinto legislativo.
Finalmente, la moción presentada por LLA fue aprobada con una amplia mayoría: 141 votos a favor frente a 95 en contra. A pesar del apoyo mayoritario para la votación del DNU, las tensiones entre los diferentes bloques políticos continúan latentes, reflejando la polarización que caracteriza el actual escenario político argentino.
La aprobación del DNU representa un paso significativo en las negociaciones entre el Gobierno y el FMI, pero también plantea interrogantes sobre cómo se manejarán las protestas sociales y las demandas ciudadanas en un contexto donde los derechos económicos y sociales están bajo constante escrutinio. Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desarrollan tanto las políticas económicas como las reacciones sociales ante estas decisiones legislativas.
