El titular de DDHH de la provincia, Délfor Pocho Brizuela explicó parte del proceso mediante el cual se logró la sanción, en la última sesión del año de la Cámara de Diputados, de la expropiación de la ex Centro Clandestino de Detención en el que funcionaba la sede de la Policía Federal.
En ese sentido, Brizuela recordó: Que se tratara ayer fue Ayer un cambio para bien. Con el proyecto nuestro no tuvimos mucho entusiasmo de los diputados, excepto uno que tuvo la buena voluntad de hacerlo entrar en estado parlamentario a finales de mayo de ese año, Oscar Chamia”.
Asímismo, el Secretario de Derechos Humanos destacó: “Ese proyecto quedó en stand by, la comisión nunca lo trató y ayer sorpresivamente. Gracias a la movilización de la Secretaría de DDHH, Quipus, la Asociación de ex Presos Políticos, otras organizaciones que acompañaron y la conciencia de instalar en la sociedad la preocupación de que se estaba alterando y destruyendo el lugar”.
“Los propietarios han ido cambiando. No son los mismos que nos hicieron problema”, informó Délfor Brizuela, agregó: “Ellos eran la sucesión. Para vender un bien deben firmar toda la línea de sucesión”.
De la misma manera, Brizuela contó: “Esta vez sí acordaron y lo vendieron a otro particular. Ese propietario comenzó a invertir, a demoler y sacar escombros, eso nos permitió organizarnos para frenar”.
En cuanto a las acciones llevadas adelante por las organizaciones para frenar el deterioro y modificación del espacio, el titular de DDHH explicó: “Hemos pedido una medida de no innovar porque hay una ley nacional que establece que cuando un lugar funcionó como Centro Clandestino de Detención se lo tiene que preservar”, y apuntó: “Una fiscal de Córdoba interpuso una acción. No tuvo la rapidez la Justicia Federal, estamos esperando todavía. Tuvo más efecto una persona que tiene una función pública en la municipalidad, Ana Mercado Luna, que se dio cuenta que la demolición se podría evitar mediante una ordenanza municipal. Se la pedimos al intendente y a las dos horas él ordenó la clausura de la obra”.
“Eso va a llevar tiempo. Contentos con la sancionó, por ahora la tiene que promulgar el ejecutivo. eso tiene un plazo, no creo que el ejecutivo la vaya a vetar”, concluyó el secretario de Derechos Humanos, Délfor Pocho Brizuela