La situación del colectivo de personas con discapacidad en Argentina atraviesa una de sus peores crisis. La semana pasada, organizaciones sociales salieron a las calles para denunciar el ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional y que afecta directamente el acceso a servicios esenciales de salud, educación, rehabilitación y transporte.
El conflicto se centra en el congelamiento de los honorarios de profesionales de la salud y acompañantes terapéuticos, que no han sido actualizados desde octubre de 2024, lo cual genera una cadena de consecuencias devastadoras: prestaciones suspendidas, instituciones al borde del cierre, familias sin recursos, profesionales con ingresos devaluados y personas con discapacidad completamente desprotegidas.
En diálogo con La Red, la Licenciada en Fonoaudiología Noemí Casse, presidenta de la Fundación “A tu lado estoy”, advirtió: “Estamos pasando por una crisis como sociedad, pero especialmente el colectivo de discapacidad. Familias, prestadores, instituciones y ONGs estamos en crisis. Desde octubre de 2024 no se actualizaron los montos de las prestaciones, por ende, los honorarios están 7 meses atrasados y totalmente devaluados.”
Casse remarcó que ya no se pueden sostener traslados ni atenciones básicas porque las obras sociales y los programas estatales recortaron coberturas, y sentenció: “Nuestros pacientes no pueden ser atendidos ni llevados a las instituciones. No entendemos tanto recorte y ensañamiento.”
Actualmente, hay un proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por la oposición que busca actualizar de forma urgente los valores de las prestaciones y garantizar la continuidad de los servicios que brindan las instituciones. Aunque estaba previsto que se debatiera la semana pasada, su tratamiento fue postergado para el próximo 4 de junio.
Aun si el proyecto fuera aprobado, el presidente Javier Milei ya anticipó su intención de vetarlo, lo que encendió la alarma en todos los sectores vinculados a la discapacidad. “Si la ley es vetada, entonces estamos realmente en crisis”, advirtió Casse. “Hay muchas instituciones que están cerrando sus puertas. Es muy triste. Son derechos que han sido ganados y hoy vienen por ellos.”
Además de la falta de recursos, las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, generaron una fuerte indignación. Spagnuolo declaró que las personas con discapacidad “no son un problema del Estado sino de las familias”, “La empatía y la solidaridad en este gobierno no existen. Estamos retrocediendo 100 años”, expresó la presidenta de la fundación.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) reveló que el valor de la hora de servicio profesional se desplomó un 50% en comparación con 2017, el último año en que los honorarios estuvieron a la par de la inflación. Desde noviembre hasta mayo, el incremento fue del 0%: una muestra clara del abandono presupuestario.
Lo que pide la ley
El proyecto de emergencia contempla:
- Actualización inmediata de los valores del nomenclador de prestaciones.
- Garantía de movilidad y transporte para los pacientes.
- Suministro de elementos fundamentales como sillas de ruedas, andadores y medicamentos.
- Continuidad de las pensiones no contributivas, que también han sido recortadas.
- Acceso equitativo a las prestaciones en todo el país.
“Los niños siguen naciendo con discapacidad, las necesidades no desaparecen porque el gobierno recorte”, subrayó Casse y agregó: «Hay personas que no les dan las sillas, andadores, ni hablar de las medicaciones que fueron cortadas. Debemos garantizar poder proveer esto: prestaciones, movilidad, traslados de una ciudad a otra. Ley para aprobar la emergencia”.
