La Justicia Federal hizo lugar a la demanda interpuesta por la vicerrectora María del Carmen Corzo en contra la UNLaR y emplazó a la universidad para que “en el plazo de 20 días hábiles se avoque y emita expresamente el acto administrativo pertinente con relación al pedido formulado bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento”. La fecha de la resolución judicial es del 29 de diciembre del año pasado.
El 26 de junio de 2023 Corzo elevó una nota para que le proporcionen los extractos bancarios del año en curso correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 26 de junio. Solicitó información sobre los aportes y contribuciones de los empleados de la UNLaR del 2023, con el detalle de los fondos específicos recibidos por la Casa de Altos Estudios. También copia de la asignación y ejecución de los recursos correspondientes a los periodos de los años 2021, 2022 y 2023. El 16 de agosto de 2023 promovió el pedido de pronto despacho administrativo porque no le respondieron y luego el amparo.
Corzo junto a su abogado, Emilio Pagotto explicaron, este martes en conferencia de prensa, los avances judiciales respecto de las denuncias formuladas por Corzo que judicializó la situación interna que mantiene con el rector Daniel Quiroga. Recurrió a la Justicia Federal ante la falta de respuestas de pedidos de información presentadas. Explicó que “desde su función ha sido necesaria a llevar a estas instancias ante la falta de transparencia y claridad respecto de la información que solicitó permanentemente, no solo en el Consejo Superior, sino también ante el rector y algunos de sus secretarios”.
En este sentido, Pagotto afirmó que la vicerrectora no logró que “le entreguen copia de transferencias bancarias del banco Patagonia a los diferentes proveedores, contratos y le fue negado”. “Es algo insólito que la Justicia le ordene a un rector que le entregue copia de las transferencias bancarias”, dijo el letrado y agregó que “el rector no tiene demasiadas capacidades para dirigir esta universidad” y que está “manejado por un grupito de personas que deben ser 10, no docentes, que constituyen una asociación ilícita y que viven con sueldos millonarios”. “Viven en country y hablan de justicia social”, dijo.
Operadores políticos han intentado hacer creer que la contadora es una delincuente y eso no lo han podido probar” respecto de las denuncias de la obra social OSUNLaR.
