El secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de La Rioja, Gabriel García Cruz, brindó detalles del fallo de la Justicia Federal a favor de la casa de altos estudios, en el conflicto con la Sindicatura General de la Nación por la designación del auditor interno.
En ese sentido, García Cruz detalló: “Al auditor lo designó el rector en diciembre del año pasado haciendo uso de las facultades que le da el estatuto, en los artículos 132 y 134. En marzo se comunica, porque así lo establece el procedimiento nacional, y se comunica a la sigen la designación del auditor”.
“El sistema es bastante complejo desde el punto de vista técnico”, apuntó el letrado, y señaló: “Los controles de las entidades estatales los regula la ley de administración financiera y control del gasto de las entidades públicas, la ley 24.156. que establece dos tipos de controles, el control externo y el control interno, a los fines de regular todas las entidades financieras que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, no de los entes autónomos y autárquicos. que se rigen por la Ley de Educación Superior. Las universidades tienen otro tipo de control, otro marco regulatorio, no es la ley de entidades financieras”.
Asimismo, el funcionario universitario expuso: “Sin embargo, la Ley de Educación Superior establece que en algunos aspectos se deben regir por la Ley de Administración Financiera, con los alcances de las leyes de autonomía y autarquía, y que las entidades que se vinculan con la SIGEN son designados por los rectores de las universidades”, y remarcó: “Así lo establece el Estatuto que fue aprobado sin observaciones el año pasado por el Ministerio de de Educación de la Nación, y así se hizo el año pasado”.
En cuanto a los hechos, García Cruz recordó: “Se designó como auditor al Lic Gerardo Sánchez Volpini, eso se comunicó y la SIGEN tomó razón de la designación y emitió una resolución designandolo, lo que contraría la resolución del Ministerio de Educación, que aprobó un Estatuto en el que se contempla la posibilidad de que el Rector lo designe”, y aseveró: “Tenemos un conflicto de autoridades a nivel nacional, un organismo del Ejecutivo nacional como lo es el Ministerio de Educación de la Nación aprobó un Estatuto en el que la atribución de designar el perito es del Rector, y otro organismo del Ejecutivo nacional lo quiere designar”.
“En ese sentido nosotros planteamos una acción judicial de amparo, con una medida cautelar, la que por una cuestión de celeridad se despacha y ha resuelto el Juzgado Federal de La Rioja, muy atinadamente, que la sindicatura no puede designar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, al auditor, por lo tanto ha ordenado que se abstenga de realizar cualquier conducta que implique atribuirse la facultad de designar al auditor”, afirmó el letrado.
Por su parte, el funcionario de la UNLaR aclaró: “Esto no quiere decir que no haya controles, todo lo contrario, justamente el Ministerio de Educación de la Nación, al aprobar el Estatuto está aprobando el sistema de control interno conforme a la Ley de Educación Superior, lo que quiere decir que, designado y autorizado, tanto el auditor como la Unidad de Auditoría Interna de la universidad esta debe vincularse con la SIGEN, al punto tal que en la UNLaR este año se llevó a cabo la reunión anual de auditores de las universidades de todo el país”.
“El sistema de control interno está absolutamente regulado, tanto a nivel nacional como interno por la universidad y otro control externo que está a cargo de la AGN, ese es el control externo que tiene el Congreso de la Nación con respecto a este tipo de actividades”, indicó García Cruz.
A su vez, el letrado destacó: “La justicia ha hecho lugar a la medida cautelar, falta resolver la cuestión de fondo”, y concluyó: “El fallo es muy claro y hace una marcada referencia que este tipo de resolución vulnera la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente y la ley superior y la ley de administración financiera, a su vez el Estatuto y la resolución del Ministerio de Educación de la Nación van por encima de cualquier decisión que quiera tomar el síndico, por eso ha sido declarada como ilegal”.