La jueza Martina Forns, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación del decreto presidencial que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión representa un freno judicial significativo a una de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
La medida fue dispuesta en el marco de una presentación realizada por el gremio Sevina, que agrupa a trabajadores del organismo vial. Forns resolvió hacer lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado nacional y al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025, firmado el 8 de julio, que disponía el cierre del organismo encargado de la infraestructura vial del país.
“Se verifican circunstancias graves y objetivas que permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo”, sostuvo la jueza en el fallo.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la referencia a tratados internacionales que protegen los derechos de los trabajadores. Forns remarcó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) específicamente los convenios 87, 98 y 151 impiden al Estado alterar unilateralmente condiciones laborales que fueron establecidas por vía colectiva y que están en plena vigencia.
En este sentido, advirtió que el Estado no puede actuar como “empleador y regulador” al mismo tiempo sin respetar los marcos legales y constitucionales que protegen los derechos de los trabajadores públicos.
La cautelar no resuelve el fondo del planteo. Forns evitó pronunciarse sobre la validez legal o constitucional del Decreto 461, al considerar que se trata de una discusión que exige “un estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba”, lo que excede el marco de una medida cautelar preliminar.
