
En un acción por garantizar la seguridad vial y prevenir incidentes en la ciudad, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Rioja, bajo la dirección de la Dra. María Cecilia Córdoba, tomó medidas drásticas contra un grupo de ocho jóvenes que protagonizaron maniobras riesgosas en motocicleta. De los involucrados, tres son menores de edad (dos de 17 años y uno de 16), mientras que los demás tienen entre 20 y 29 años.
Las restricciones fueron impuestas tras la identificación de estos individuos, quienes realizaban conducción en grupo y actos que comprometían la seguridad pública, según lo indicado en un comunicado emitido por la justicia este viernes. Esta resolución se suma a las órdenes de allanamiento y detención emitidas días anteriores, en relación con hechos ocurridos en el túnel entre La Rioja y Sanagasta, así como en el Parque de La Ciudad y la Avenida de Circunvalación.
Asimismo se conoció que la policía de la Provincia, comunicó oficialmente las restricciones, supervisadas por el secretario del Juzgado, Dr. Agustín Juárez. Las medidas incluyen:
Prohibición de transitar en grupo: Los jóvenes no podrán circular juntos ni realizar maniobras que pongan en riesgo la seguridad de terceros. Cese de perturbaciones: Se ordena el cese inmediato de cualquier acto que altere la paz social. Identificación obligatoria: Todos los motociclistas y vehículos deberán someterse a un control riguroso, donde se verificará el uso adecuado del casco y que toda la documentación esté en regla. Restricciones en sitios históricos: Se prohíbe realizar maniobras peligrosas en monumentos y lugares de valor cultural.
Estas medidas tendrán una vigencia de 180 días, con advertencias claras sobre las consecuencias del incumplimiento. Los infractores podrían enfrentar cargos por desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal) y atentado contra la seguridad del tránsito (art. 193 bis del Código Penal), lo que podría resultar en su detención inmediata.
Además, se ha determinado que las motocicletas involucradas serán retenidas hasta nueva disposición judicial, como parte del compromiso del sistema judicial para asegurar un entorno seguro para todos los ciudadanos.
Con estas acciones, las autoridades buscan no solo sancionar comportamientos irresponsables, sino también promover una cultura de respeto y cuidado en las vías públicas.