El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que, en 72 horas, informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca “de inmediato” un plan de distribución.
La respuesta de Casanello respondió a un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos.
A pesar de esta resolución de la Justicia, el Gobierno de Javier Milei anticipó que apelará el fallo. “Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado en la conferencia de prensa de este lunes.
“Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública“, agregó el portavoz, quien además sostuvo que los alimentos guardados en esos depósitos son destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios.
