Desde el ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, confirmaron lo adelantado por el vocero presidencial sobre las entidades vinculadas a la agricultura familiar y dispararon contra Alberto Fernández.
Luego que el Gobierno anunciara que avanza con el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF), el Ministerio de Economía justificó la decisión y apuntó contra la gestión de Alberto Fernández.
De acuerdo a lo que había indicado este martes en conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el cierre de los dos organismos públicos le implicaría al gobierno de Milei “un ahorro de $9.000 millones”.
En horas de la tarde y a través de un comunicado, desde la cartera dirigida por Luis Caputo indicaron que el INAFCEI fue “creado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del 2022 por la administración de Alberto Fernández” y “contaba con una estructura similar a la de un ministerio”.
En ese sentido, aseguraron que para la conformación del mismo “se había desplegado una estructura territorial sobredimensionada en todo el país”. “Contaba con cerca de 1.000 empleados, 106 coordinaciones en las provincias y 204 vehículos asignados, además de un presupuesto cercano a los $10.000 millones”, enumeraron en el mensaje difundido a través de la cuenta oficial de Economía en la red social X.
“Con el cierre, el Instituto volverá a convertirse en una Dirección Nacional reduciendo el plantel a 64 personas, tal como lo estipula la Ley 27.118 de Reparación Histórica de Agricultura Familiar, sancionada en 2014”, adelantaron sobre el futuro del organismo y reiteraron que “el ahorro total alcanzará los $9.000 millones”.
Además, explicaron que se nombrará un interventor en el Instituto “quien realizará una auditoría integral de recursos humanos, físicos y financieros y evaluará su ordenamiento”. También confirmaron que “se cerrarán las delegaciones territoriales de todo el país, reduciendo aproximadamente 800 contratos que no se renovarán”, continuando con la política de recorte en el personal del Estado.
