Luego de 24 días de mantenerse prófuga de las autoridades, Ingrid Fortes, una docente oriunda de Tucumán, se presentó de manera voluntaria ante la justicia en Chilecito, tras ser denunciada por el delito de lesiones graves contra otra mujer en la localidad de Nonogasta. La agresión, según la denuncia, fue de tal magnitud que la víctima requirió atención médica inmediata y sostenida.
La Red dialogó con el doctor David Calipo, abogado defensor de la víctima, quien confirmó que Fortes “se entregó sola, conociendo que tenía una orden de detención vigente, aunque ahora su defensa intenta instalar la versión de que estaba de vacaciones”. Calipo señaló que esta actitud “es demostrativa del riesgo procesal que implica su fuga”, motivo por el cual considera inviable que se le otorgue algún beneficio judicial hasta que el proceso culmine.
Además, el abogado reveló que la acusada ya registra otras tres denuncias en su contra, incluso por parte de su entorno íntimo, por episodios de violencia y amenazas: “Es una persona sumamente violenta, que no solo fue denunciada por la víctima en este caso puntual, sino también por su propio círculo familiar. Y aun así, se mantuvo prófuga durante más de tres semanas”.
Respecto al accionar judicial, Calipo criticó duramente la respuesta institucional: “Lo que hoy se está intentando hacer pasar como una entrega voluntaria, no es más que una burla a un sistema que ha mostrado deficiencias evidentes. Ella sabía perfectamente que estaba siendo buscada por la justicia, que había una orden de detención. No fue ignorancia, fue evasión”.
En relación al sistema judicial en Chilecito, el letrado también expresó su preocupación por las condiciones estructurales y de funcionamiento: “Trabajamos en edificios que se caen a pedazos. En las audiencias, muchas veces no entramos todos en la misma sala. La justicia no puede funcionar si no tiene las herramientas mínimas para operar”.
Finalmente, Calipo remarcó que el Ministerio Público Fiscal deberá tener en cuenta no solo la agresión directa a la víctima, sino también el impacto y la violencia ejercida contra las hijas de la víctima, sumando este elemento a la evaluación del grado de peligrosidad de la acusada.
