
La periodista Manuela Calvo denunció públicamente un nuevo episodio de amedrentamiento, tras la detención arbitraria de su hijo adolescente en la vía pública por parte de policías que no se identificaron ni brindaron motivos claros para su accionar. El hecho ocurrió en cercanías de la plaza principal de la ciudad, a escasa distancia de donde trabaja la periodista.
Según explicó, en Radio La Red La Rioja, su hijo logró enviarle un mensaje mientras era interceptado por la policía. “Me dijo que lo estaban deteniendo sin razón y mandó una foto desde el lugar. Me fui de inmediato”, relató. Al llegar, Calvo se encontró con un operativo irregular: “Les pregunté a los policías por qué se lo llevaban, no me dijeron nada, no se identificaron, no tenían nombres visibles. La situación era muy extraña”, explicó.
La periodista manifestó que la reacción de los agentes le generó una profunda preocupación: “Ya había recibido amenazas de que algo le iba a pasar a mi hijo, y ahora se lo llevaban policías que no se querían identificar. Fue aterrador”. Señaló también que los efectivos decían que su hijo “no estaba detenido”, aunque lo estaban subiendo por la fuerza a un patrullero y lo habían despojado de su DNI.
Calvo y su esposo decidieron acompañar al joven en el patrullero hasta la comisaría. Durante el trayecto, realizaron una transmisión en vivo para dar visibilidad a la situación. “No sabíamos por qué estábamos ahí ni por qué nos llevaban. Fue confuso incluso para nosotros”, explicó.
En la comisaría, les informaron que se había recibido una denuncia contra un joven con una descripción física similar a la de su hijo por un presunto intento de robo. Sin embargo, Calvo subrayó que nunca existió una orden judicial ni una situación de flagrancia que justificara la detención. “Nos fuimos con alivio porque no pasó nada, pero con mucho miedo de que estas situaciones se naturalicen”, reflexionó.
Tres años de persecución y censura
Calvo enmarcó el episodio dentro de una serie de hechos que, según sostiene, configuran una persecución sistemática en su contra por ejercer el periodismo. “Vengo atravesando amenazas, causas judiciales infundadas y cuatro censuras previas por investigar casos vinculados a abusos sexuales en la infancia y violencia institucional”, explicó.
Entre los casos que ha documentado, se encuentra el juicio contra el exfuncionario público Chávez, imputado por abuso sexual infantil y por la posesión de cerca de mil archivos de explotación sexual, muchos de ellos presuntamente producidos por él mismo. “Este caso es particularmente grave porque hay evidencia audiovisual concreta, algo poco común. Me llama la atención que, pese a eso, aún no se haya investigado a fondo la red de distribución ni a otros posibles involucrados”, señaló.
Falta de respuesta judicial y estado de indefensión
La periodista también denunció que la justicia no ha dado respuestas a sus múltiples presentaciones. “No tengo medidas de protección pese a haber denunciado amenazas de muerte con pruebas. Tampoco hay resolución en un amparo que presenté hace tres años para poder ejercer mi profesión sin ser censurada”, detalló.
Además, mencionó una reciente denuncia en su contra por parte de la jueza Menem, a raíz de una cobertura periodística que realizó para el diario Página 12. “Me acusó falsamente de querer perjudicarla, alegando violencia de género, y me impuso una medida cautelar. Es una causa absurda que busca disciplinar”, aseguró.
Calvo también señaló que ha sido blanco de campañas de desprestigio en medios y redes sociales por parte de abogados defensores de presuntos agresores. “Se ha habilitado un clima en el que se violan sistemáticamente mis derechos sin que la justicia intervenga. Así es imposible trabajar”, sostuvo.
Periodismo bajo ataque
Calvo advirtió sobre los peligros de ejercer el periodismo en un contexto de estigmatización y persecución. “No se puede investigar ni informar con miedo a represalias. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y lo más grave es que parece una política de Estado, donde hasta el presidente ataca a periodistas”, alertó.
En ese sentido, insistió en que el periodismo no puede renunciar a investigar casos sensibles como los abusos sexuales en las infancias, aunque exijan extremo cuidado. “No se puede callar ante denuncias de violencia institucional o derechos vulnerados. Los niños merecen que se escuchen sus voces, y la sociedad tiene derecho a saber”, concluyó