Así lo expresó Hugo Wortman Jofre, presidente de Poder Ciudadano, la fundación que recibió la denuncia de Manuela Saavedra y realizó el acompañamiento para que se concretara la denuncia formal a la jueza Mazzucchelli por coimas.
Poder Ciudadano es una organización que lidera el trabajo por el buen gobierno del Estado, la transparencia y el compromiso por vigorizar las instituciones de la democracia. Su objetivo es concientizar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y de la participación de todas las personas.
Su presidente, Wortman, dialogó con La Red y explicó que: “Poder Ciudadanos es el capítulo local de una organización internacional que es Transparencia Internacional que tiene sede en Berlín y en cada uno de los países tiene una oficina que se llama Centro Legal de Asistencia Anticorrupción, cada centro va adquiriendo su propia experiencia para abordar los casos”.
Manuela Saavedra llegó a la organización y fue atendida por los abogados, allí les contó que comenzó a grabar las conversaciones: “es administradora de un sucesorio donde hay 28 herederos que no entienden mucho de derecho y hay cuestiones técnicas que le explicaban a ella y no luego no podía transmitir bien. Ellos le reclamaban las razones por las que no podía destrabar el asunto. En un momento se juntó con la jueza y advirtió que las trabas obedecían a este delito que estaba siendo víctima”.
“Desde Poder Ciudadano tenemos un protocolo, primero validamos que el denunciante sea una persona creíble, que no tenga injerencia en ninguna participación política, viajó un equipo para La Rioja y aseguró que era una comerciante con buena reputación localmente”, explicó, y agregó que no recibieron ninguna presión de ninguna naturaleza, “nos movimos con absoluta tranquilidad en la provincia”.
En ese momento, la organización comenzó a darle apoyo legal anticorrupción, “se le explicó los riesgos que implica denunciar la corrupción en un contexto donde la gente no suele denunciar, luego se le explicó la conveniencia de denunciar este delito y se le explicó que delito es”. Wortman explicó que el delito se llama sanción ilegal, “es el funcionario que exige de forma indebida de una contribución mayor al que debería ser”.
“La mujer decidió avanzar pese a las consecuencias y el no apoyo de su familia”, indicó el presidente, al mismo tiempo que apuntó que: “La Rioja es una sociedad bastante estratificada, un grupo dominante ejerce el poder de manera total y absoluta y el pueblo aguanta”.
En este sentido, indicó que luego de la denuncia más de 40 ciudadanos con diferentes casos se acercaron a la institución. “Vemos este hecho como un caso de corrupción judicial, el objetivo es dotar de mayor transparencia al Poder Judicial de todo el país, que en definitiva es quien resguarda nuestros derechos. La Rioja es una demostración de lo que pasa en el oscurantismo del Poder Judicial”.
Para poder comunicarte con la organización, poder llamar al número de teléfono: 011- 5147200
