El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, denunció que el Gobierno nacional mantiene una deuda de $103.000 mil millones con la Provincia por fondos extracoparticipables asignados por ley, Además, se refirió al conflicto judicial con AMP y la situación de los planes de ahorro de automóviles.
En diálogo con Radio La Red La Rioja, Rodríguez afirmó que “la Nación adeuda a la provincia una suma muy importante, que al día de hoy asciende a 103.000 millones de pesos”. Explicó que estos fondos están contemplados en el artículo 83 del presupuesto nacional 2023, que asigna a La Rioja $47.000 millones en 12 cuotas, cifra que también fue reconocida en los presupuestos de 2024 y 2025.
Sin embargo, desde diciembre de 2023, con el inicio de la gestión de Javier Milei, “la Nación ha incumplido sistemáticamente y mes a mes esta obligación”, sostuvo el fiscal, señalando que esto causa “un perjuicio inconmensurable a todos los riojanos”.
Rodríguez informó que en enero de 2024, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha emitido resolución. “Como hasta el momento no tenemos novedades, es inminente la presentación de un pronto despacho, un instrumento legal que exige al máximo tribunal que se expida”, explicó. Además, deslizó que podría haber razones políticas detrás de la demora judicial: “La política está siempre presente en estas decisiones. Pero si se expiden conforme a derecho, deben darle la razón a La Rioja”.
En ese sentido, el fiscal advirtió que no descartan acudir a la justicia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. “La ley de presupuesto es una norma que debe cumplirse. Si no se cumple, hay consecuencias. No hay excusa que justifique que se le quite a la provincia lo que le corresponde por ley”, sentenció.
Conflicto con AMP
Sobre el conflicto con la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), Rodríguez explicó que si bien la Justicia Federal falló inicialmente a favor del gremio para el pago de cuotas retenidas, desde la Fiscalía de Estado se planteó una excepción de incompetencia. “Creemos que este conflicto debe resolverse en los tribunales provinciales, no en la Justicia Federal”, indicó, agregando que la fiscal federal les dio la razón en su dictamen, y ahora esperan la decisión del juez.
Según Rodríguez, el Gobierno Provincial no efectuó descuentos automáticos y sostiene que cada afiliado debe aportar voluntariamente, lo que dio origen a la disputa judicial.
Planes de ahorro
En otro tramo de la entrevista, el fiscal también se refirió a la situación de los planes de ahorro de autos, donde decenas de riojanos reclaman que, tras haber terminado de pagar sus cuotas, no reciben el título del vehículo debido a amparos judiciales que congelaron el valor de las cuotas durante la pandemia.
Rodríguez detalló que hay cerca de 200 casos tramitados en las distintas cámaras judiciales de la provincia. “La gente sigue pagando cuotas impagables, de hasta 400.000 pesos por vehículos que valían mucho menos”, afirmó. Dijo además que los recursos judiciales fueron presentados con apoyo del gobierno provincial para evitar que los damnificados debieran afrontar gastos legales.
