La gestión actual de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) denuncia irregularidades heredadas, entre ellas una millonaria deuda y el uso indebido de fondos específicos. En medio de la crisis, se suma una fuerte disputa con el gremio ATUR por su falta de personería gremial vigente.
La Universidad Nacional de La Rioja atraviesa una profunda crisis financiera. Según declaraciones del vicerrector Luis Oviedo durante una entrevista con Radio La Red La Rioja, la institución arrastra un déficit de aproximadamente 2.000 millones de pesos, originado por «designaciones mal asignadas, cargos no consolidados y el uso inadecuado de fondos destinados a programas específicos», explicó.
Desde la nueva gestión, que asumió en diciembre de 2023, se está realizando un proceso de revisión y ordenamiento presupuestario, con énfasis en la racionalización de recursos, priorizando carreras con acreditaciones pendientes y reorganizando las partidas asignadas a más de 14 áreas regionales y dependencias universitarias.
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue el conflicto con el gremio ATUR (Asociación de Trabajadores Universitarios Riojanos). La UNLaR eliminó el código de descuento automático de la cuota sindical, medida que generó fuertes críticas por parte de la conducción gremial. La secretaria general de ATUR, Alicia Luna, comparó el momento actual con «la época de Tello Roldán, pero recargada», en alusión a un período autoritario en la universidad.
Ante esta acusación, Oviedo fue categórico: “Para que la universidad pueda realizar descuentos por planilla, el gremio debe tener la personería gremial vigente, autoridades reconocidas legalmente y estatutos actualizados. Nada de eso cumple ATUR”, sostuvo. Afirmó que la última inscripción gremial data de 2006 y cuestionó que «en 15 años no hayan podido renovar su personería ni actualizar sus autoridades».
Desde la universidad aseguran que la decisión de suspender los descuentos responde a requisitos legales exigidos por Nación y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que audita regularmente los procesos administrativos y financieros de los entes públicos.
