Las autoridades de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja (OSUNLaR) brindaron este jueves un informe detallado sobre el avance de las causas judiciales iniciadas contra exfuncionarios por una serie de maniobras irregulares que habrían provocado un severo perjuicio al patrimonio institucional.
Durante una conferencia encabezada por la interventora Gabriela Brizuela, acompañada por el gerente Daniel Albornoz, el síndico Carlos Sant, el equipo legal y representantes de la lista Nueva OSUNLaR, se expusieron los resultados preliminares de auditorías internas y las denuncias ya radicadas ante la Justicia.
Según detallaron las autoridades, una de las causas principales, caratulada “Albornoz Sosa Daniel Nicolás y Otro – Denuncia, involucra a los exfuncionarios Daniel Alberto Quiroga y Lucas Fabricio Zapata. Las investigaciones determinaron que durante su gestión se cancelaron irregularmente plazos fijos en dólares por un total de 33 millones, de los cuales solo 19 millones habrían sido efectivamente transferidos al proveedor médico correspondiente».
Además, se reveló una serie de gastos considerados injustificables para la situación financiera de la obra social, entre ellos «la compra de un millón de pesos en relojes, otro millón en toallas, y la contratación anticipada de un abogado externo por una suma millonaria, a pesar de que OSUNLaR contaba con cinco abogados en planta», mencionaron las autoridades.
“En apenas siete meses se dilapidaron cerca de 800 mil dólares, lo que representa la mitad de los ahorros institucionales acumulados en más de diez años”, denunciaron las autoridades durante el encuentro.
En paralelo, se investiga otra causa relacionada con resoluciones duplicadas y pagos indebidos a empleados. Según se informó, «ocho agentes (cuyas identidades se mantienen en reserva por orden judicial) habrían recibido sumas excesivas mediante resoluciones falsificadas que les otorgaban simultáneamente varias categorías laborales».
En este expediente también se señaló a la ex presidenta Ana Laura Toro, quien habría estado al tanto de las maniobras pero no realizó las denuncias correspondientes.
“La Justicia deberá determinar las responsabilidades de Quiroga, Zapata y Toro por estas gravísimas irregularidades que afectaron seriamente a nuestra obra social”, afirmó la interventora Gabriela Brizuela al cierre de la exposición.
