Los representantes de 21 provincias del país le solicitaron este viernes al Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei la continuidad de las obras de construcción de viviendas, con el consiguiente pago de certificaciones adeudados a las empresas y la recuperación de los más de 150 mil puestos directos de trabajo que se perdieron en estos meses, además de la apertura de espacios de diálogo y trabajo conjunto para la generación de políticas públicas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda de los argentinos.
Este fue el saldo de la 100° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda (CNV) que tuvo lugar este viernes en la ciudad de La Plata y fue encabezada por el titular del organismo, Augusto Dubois Goitia; el vicepresidente del CNV, Ariel Puy Soria y la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.
En ese sentido, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y vicepresidente del CNV, Ariel Puy Soria, destacó: “analizamos y debatimos la política habitacional en una situación difícil que está viviendo el país ante la paralización de obras, la eliminación de fuentes de empleo y la incertidumbre económica”.
Para el funcionario riojano, “hoy el acceso a la vivienda propia, pese a que es un derecho constitucional, no está garantizado por el sector público ni la banca privada. No hay financiamiento para los programas federales, fueron incumplidos los convenios firmados oportunamente y la banca privada no ofrece a los argentinos oportunidades reales de acceso al crédito hipotecario”.
Puy Soria resaltó: “nosotros confiamos plenamente en un gobierno presente, en un Estado inclusivo y regulador de las desigualdades sociales. No podemos permanecer indiferentes ante lo que está sucediendo”, tras lo que resaltó que el documento elaborado en La Plata se remarca la necesidad de garantizar la continuidad de los contratos firmados con las empresas y se solicita el cumplimiento de los pagos de certificaciones de obra que llevan como mínimo 4 meses de atraso a la fecha, todo esto a efectos de recuperar las ecuaciones económicas financieras de los proyectos y los más de 150 mil empleos directos perdidos a la fecha, registrados en el IERIC distribuidos en todo el país.
