Diez mujeres víctimas de explotación sexual fueron liberadas ynueve personas detenidas en el marco de allanamientos realizados por la Secretaría de Delitos Complejos de Santa Fe en laslocalidades de Rafaela y Bella Italia.
Los detenidos, cinco hombres y cuatro mujeres son investigados por los delitos de explotación económica y facilitamiento de la prostitución en perjuicio dediez víctimas de entre 18 y 39 años. La secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, dijo que los equipos de su área "llevaron adelante en absoluta reserva y sin ningún tipo de filtración una decena de allanamientos simultáneos".
"Los buenos resultados obtenidos con la detención de los principales investigados, la asistencia a las víctimas y el secuestro de elementos permitirá la continuidad de la causa en la instancia judicial", añadió la funcionaria.
La investigación se inició en abril pasado, a partir de un aviso anónimo que llegó a la delegación que la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas (AITP) tiene en Rafaela.
Nueve de los allanamientos se concretaron en domicilios particulares y locales de esa ciudad donde eran explotadas las víctimas, todos ubicados en tres cuadras consecutivas de calle Ramón y Cajal, y el restante en una vivienda de Tucumán al 300, en Bella Italia.
Las autoridades también dispusieron la asistencia a las diez mujeres liberadas, oriundas de la ciudad de Santa Fe y de Rafaela, quienes se encontraban en situación de explotación. Una de las mujeres detenidas cumplía con un arresto domiciliario por una causa precedente -de junio 2013- de explotación económica donde resultó víctima una chica menor de edad.
Durante los operativos secuestraron dinero en efectivo, cuatro automóviles, cinco motos, equipos tecnológicos, 15 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
Las tareas estuvieron a cargo de personal policial de la AITP, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA) y la Subsecretaría de Delitos Económicos.
También participaron representantes de la Fundación María de los Angeles, con intervención de la jueza penal de primera instancia, Cristina Fortunato, y el fiscal Diego Vigo.
Fuente: Los Andes