“No hubo ninguna orden judicial”, aclaró en Salí con La Red uno de los representantes de los trabajadores precarizados de salud. A su vez aclaró: “Hubo dialogo entre la autoridad policial a cargo y dos delegados de los trabajadores precarizados de salud y de educación”.
Asimismo, Guerrero explicó: “Al estar dentro de un acuerdo no debíamos sostener el corte, en asamblea se decidió tener el gesto de levantar el acampe. Nosotros si entramos en el presupuesto provincial 2017”.
El vocero de los trabajadores aclaró que el reclamo era por la ampliación del cupo de pase a planta prometido por algunos diputados y que no se cumplió. El acuerdo alcanzado entre los precarizados de salud y el Gobierno de la provincia consiste en pasar a planta 50 trabajadores precarizados por bimestre, la demanda es que es cupo se eleve a 70 u 80 en ese mismo plazo.
Por otra parte, Guerrero detalló la situación en la que se encuentran los trabajadores precarizados de salud. Al respecto informó: “Las personas que llevan 18 años precarizados no debe haber más de 50 casos en toda la provincia, de los cuales 25 los deben tener trabajados y los restantes 25 no”, y recordó: “Cuando comenzaron a dar estos programas, Trabajar o Jefes y Jefas de hogar. Al ser programas de empleo se debía hacer una contraprestación laboral, y no todos trabajaban”.
En ese sentido, el representante de los precarizados de salud apuntó: “Cuando esos programas se convierten en PIL es donde llega la gran masa de trabajadores a la administración pública. Al momento del ingreso se les redactó un decreto ministerial en el que constan los años que se le computan”.
“Las nóminas para el blanqueo son enviadas por los delegados de los trabajadores. El criterio que se utiliza en antigüedad en salud, no en programas”, concluyó Walter Guerrero, representante de los precarizados de salud.