Bajo la consigna “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, referentes territoriales, profesionales y espacios vinculados al trabajo pastoral y comunitario difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales para expresar su preocupación por el proyecto de ley de Nuevo Régimen Penal Juvenil y el reciente dictamen que impulsa la baja de la edad de imputabilidad.
El pronunciamiento se enmarca en la continuidad del documento “Más oportunidades que penas”, publicado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y surge a partir de la experiencia cotidiana de quienes trabajan con adolescentes y jóvenes en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes, organizaciones comunitarias y en el acompañamiento permanente a familias de contextos vulnerables.
En la carta, los firmantes señalan que, si bien fueron convocados y escuchados en instancias de diálogo, sus aportes, al igual que los de numerosas instituciones de prestigio, no se ven reflejados en el contenido del proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso.
Entre las organizaciones que respaldan esta mirada se mencionan, entre otras, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Defensores del Pueblo, AJUNAF, COPAJU y diversas redes de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El documento reconoce la necesidad de avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil, y advierte sobre el vacío legal existente. Sin embargo, subraya que el debate se está dando en un clima político atravesado por el impacto mediático y el uso del dolor social, lo que, según expresan, impide una discusión profunda sobre los problemas estructurales que afectan a la infancia y adolescencia, especialmente en los sectores más vulnerables.
Desde la carta se remarca que el delito existe y que no es una opción “no hacer nada”, pero se cuestionan las respuestas simplificadoras que, lejos de resolver el problema, terminan validando posiciones políticas ya tomadas, sin sustento técnico ni diálogo genuino.
Uno de los ejes centrales del planteo es la falta de condiciones reales para implementar un régimen penal juvenil que garantice abordajes integrales. En ese sentido, se preguntan si el Estado, tanto nacional como provincial, cuenta hoy con recursos suficientes para asegurar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, abordaje de consumos problemáticos, personal especializado y dispositivos adecuados que garanticen condiciones de vida dignas y posibilidades reales de reinserción.
La carta también advierte sobre un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, cuyos efectos recaen de manera directa sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que el proyecto pretende alcanzar con mayores niveles de punición.
En el plano jurídico, los firmantes sostienen que la reducción de la edad de imputabilidad presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad, al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Señalan, además, que se trataría de una medida regresiva en materia de derechos humanos.
A su vez, advierten que el proyecto habilita la intervención penal y la privación de libertad de niños y adolescentes que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal, sin garantizar un sistema de justicia juvenil verdaderamente especializado, con riesgo de aplicar reglas del derecho penal adulto, penas desproporcionadas y alojamientos en dependencias no adecuadas.
Desde una mirada interdisciplinaria, la carta recuerda que el cerebro adolescente aún se encuentra en desarrollo, particularmente en las áreas vinculadas al control de impulsos y a la toma de decisiones, lo que, según expresan, cuestiona la idea de equiparar la responsabilidad penal de un adolescente con la de un adulto.
En este marco, proponen que los niños y adolescentes menores de 16 años que atraviesen situaciones de conflicto social y vulnerabilidad sean abordados desde los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos, priorizando medidas socioeducativas y de restitución de derechos, y reservando la intervención penal como última instancia.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, plantean la implementación de mecanismos de Justicia Restaurativa, señalando que esta modalidad ha demostrado, en distintas experiencias nacionales e internacionales, una significativa reducción de la reincidencia.
Otro de los puntos destacados del documento es el análisis de los datos disponibles sobre criminalidad juvenil. Según se indica, la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja alrededor del 0,42 % y la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario son contra la propiedad, mientras que los delitos graves resultan excepcionales.
Asimismo, se afirma que la evidencia regional demuestra que reducir la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad y, por el contrario, tiende a incrementar los niveles de violencia y reincidencia. En este sentido, se señala que países con edades mínimas de imputabilidad más bajas presentan tasas de homicidio considerablemente más elevadas que la Argentina, donde la edad mínima es de 16 años.
El texto pone especial énfasis en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, así como los dispositivos de salud mental y de atención de consumos problemáticos para adolescentes, hoy prácticamente inexistentes en amplias zonas del país.
En su tramo final, la carta plantea que los adolescentes y jóvenes no deben ser vistos como una amenaza, sino como presente y esperanza, y advierte sobre el riesgo de instalar en el imaginario social la idea de que la niñez es peligrosa, mientras persisten con altos niveles de impunidad problemáticas estructurales como el narcotráfico, el tráfico de armas, la pobreza y la exclusión.
En ese marco, se recuerda una declaración del Papa Francisco, quien sostuvo que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo, y que, en cambio, deben ser destinatarios de políticas de inclusión y de promoción de derechos.
Finalmente, los firmantes concluyen que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema de la violencia, sino que lo desplaza y lo profundiza, y llaman a construir un enfoque integral que contemple prevención, intervención y reinserción, con políticas sostenidas que actúen sobre las causas estructurales de la violencia y fortalezcan el entramado social en los barrios, las escuelas y las comunidades.
