Para la abogada de la familia de Zoé los “organismos de protección tienen un problema de continuidad”
La abogada Marcela López, representante de la familia paterna de Zoé, la niña de seis años que perdió la vida en un trágico episodio en noviembre de 2021, expresó el profundo dolor y la indignación de sus familiares, y también las falencias en el sistema de protección infantil. Jimena Córdoba, madre de Zoé, y su pareja en ese momento, Andrés Regino Bustamante, se encuentran imputados como coautores del crimen, acusados de haber sometido a la menor a un maltrato que finalmente derivó en su muerte.
En la audiencia de ayer, en el juicio por Zoé, Jimena Córdoba presentó una declaración de casi tres horas en la que intentó defenderse de las acusaciones. López, en representación de la familia paterna, señaló que la defensa de la acusada fue extensa, pero que dejó en evidencia la complejidad de un caso que involucra no solo a los acusados, sino también a organismos que, según ella, “fallaron en su deber de proteger a Zoé”. Asimismo, la acusada manifestó ser inocente de las acusaciones que tiene en su contra. En tanto que Bustamante, optó por continuar con la estrategia (o decisión) de no declarar.
“Los organismos de protección tienen un problema de continuidad. Si entregan a un niño a una parte, deben hacer un seguimiento para asegurarse de que el niño esté bien. Zoé fue golpeada y maltratada, y no hubo ningún organismo que controlara su situación en los últimos tiempos”, explicó López ante La Red. “Se debería haber verificado que estuviera en un ambiente seguro, pero la falta de supervisión permitió que se mantuviera en un entorno peligroso”.
Según la acusación de la Fiscalía, Zoé fue golpeada por su madre, quedando inconsciente. En ese estado, Córdoba y Bustamante la habrían colocado debajo de una motocicleta, procediendo a prenderle fuego, lo que causó su muerte por asfixia y quemaduras extremas.
Jimena Córdoba y Andrés Regino Bustamante, alias “El Pastor,” enfrentan cargos de “Homicidio Agravado por Alevosía y Criminis Causa”. Para la progenitora, la imputación es aún más grave por tratarse del vínculo materno, conforme al artículo 80 del Código Penal. Este delito se configura bajo las figuras de alevosía, en la que se alega que la niña se encontraba en una situación de indefensión absoluta, y criminis causa, al asociarse el acto violento a un intento de encubrir delitos previos.
López manifestó la frustración de la familia paterna por la falta de un seguimiento adecuado. En este sentido, dijo que “Zoé era una niña muy querida, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad de vivir una vida plena y segura. Murió en las peores condiciones, y ahora solo queremos justicia para ella”.
La próxima etapa del juicio incluirá la incorporación de pruebas documentales y la presentación de los alegatos, un momento clave en el proceso judicial que la familia paterna de Zoé espera con expectativas y ansias de justicia. La sentencia, podría conocerse el próximo año (2025) porque falta poco tiempo para el inicio de la Feria Judicial.