La secretaria de Trabajo, Miriam Espinoza, expresó preocupación por el proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo Nacional ingresó recientemente al Congreso de la Nación. Se trata de una iniciativa extensa, de más de 72 hojas, que —según advirtió— introduce modificaciones que afectan derechos históricamente conquistados por los trabajadores y trabajadoras del país.
“Como todas las políticas que viene implementando el Ejecutivo, esta reforma apunta a conculcar derechos legítimos, muchos de ellos obtenidos tras años de lucha del movimiento obrero”, sostuvo Espinoza. Si bien reconoció que la legislación laboral necesita actualizaciones, especialmente frente a los cambios tecnológicos y el avance del teletrabajo, remarcó que la mayoría de los artículos propuestos tienen un carácter regresivo.
En ese sentido, la funcionaria señaló que existen vacíos legales en torno a las nuevas modalidades laborales que sí requieren una regulación específica. “El teletrabajo y la tecnología tienen hoy una fuerte injerencia en las relaciones laborales, y entendemos que eso debe legislarse”, afirmó. Sin embargo, aclaró que el enfoque general del proyecto no va en esa dirección.
“Lamentablemente, la mayor parte de los artículos que se pretenden modificar perjudican directamente a la clase trabajadora. Se vuelve a pensar en el capital y en seguir empoderando a las grandes corporaciones”, manifestó Espinoza. A su vez, hizo una distinción entre las grandes empresas y aquellas que atraviesan serias dificultades económicas: “Sabemos que muchas empresas la están pasando muy mal, lo decimos con conocimiento de causa, pero esta reforma beneficia claramente a los grandes grupos económicos”.
Consultada sobre el alcance de la iniciativa, Espinoza explicó que la reforma impactaría principalmente en el sector privado, ya que la Ley de Contrato de Trabajo —que el Ejecutivo busca modificar— excluye explícitamente a los trabajadores y trabajadoras del ámbito público, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. “Nosotros tenemos nuestra propia legislación”, aclaró.
Asimismo, detalló que el proyecto también excluye a sectores como el trabajo en casas particulares y el trabajo rural, que cuentan con leyes específicas. No obstante, advirtió que muchas disposiciones de esas normativas están directamente vinculadas a la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que los cambios propuestos podrían generar efectos indirectos sobre esos colectivos.
Al finalizar, Espinoza cuestionó la urgencia con la que el Ejecutivo impulsa el tratamiento del proyecto: “Hay un apuro muy marcado por modificar la Ley de Contrato de Trabajo, sin el debido debate y sin escuchar a los trabajadores y trabajadoras”.
