El abogado Sergio Gómez presentó formalmente ante la Cámara de Diputados de La Rioja un pedido de juicio político contra el doctor Claudio Ana, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, por presuntas faltas graves en su desempeño vinculadas con un caso de abuso infantil que involucra a un ex empleado del Poder Judicial.
Según detalló el letrado en declaraciones Radio La Red La Rioja, el origen del reclamo se remonta a 2021, cuando una niña de 11 años recibió mensajes de contenido sexual explícito por parte de un hombre de 65 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como funcionario judicial. A pesar de la gravedad de la denuncia, Gómez denunció una cadena de demoras procesales, falta de avances en la investigación y una “reticencia sistemática” por parte del Tribunal Superior para esclarecer los hechos.
Uno de los ejes centrales del pedido de juicio político radica en la negativa del doctor Claudio Ana a brindar acceso al libro de registros de votación de la causa, un documento público cuya entrega está estipulada en el artículo 32 de la Ley Provincial N° 8661. “Solicité acceder a ese libro, que permite verificar por qué salas fue pasando el recurso de casación. Es información pública, pero el presidente del tribunal, con su sola firma, me denegó el acceso, contrariando lo que exige la ley”, explicó Gómez.
El abogado expresó que este accionar no solo representa una falta grave, sino que también pone en evidencia una falta de transparencia en un caso que afecta directamente los derechos de una menor. “La familia de la niña está desesperada por la inacción. El acusado fue indagado recién este año, a cuatro años de la denuncia, y la causa está a solo tres meses de prescribir”, agregó.
Además, Gómez denunció que el acusado —sin haber sido suspendido— permaneció en funciones hasta que alcanzó la edad jubilatoria y presentó su renuncia, accediendo a la jubilación sin que se avanzara en el sumario administrativo correspondiente. “No hubo secuestro de computadoras, ni investigación seria para saber si había más víctimas. Pedí el secuestro de material informático, y nada. Todo quedó en la nada”, remarcó.
El letrado también criticó la inacción de los diputados provinciales, señalando que desde la presentación del pedido, “ni uno solo se ha comunicado con la familia ni ha mostrado interés por el caso”. En este sentido, instó al Poder Legislativo a cumplir con su rol de control: “No se les pide revisar fallos judiciales, sino evaluar si el juez incumplió su deber de transparencia al negar información pública. Eso es una causal de mal desempeño”.
“Si quieren proteger la impunidad, que no investiguen”, concluyó Gómez, visiblemente molesto por el silencio institucional y pesimista respecto al avance del juicio político.
