El oficialismo y bloques dialoguistas continúan las negociaciones en el Congreso Nacional para consensuar el Presupuesto 2025, con temas centrales como las transferencias a las provincias, el aumento de fondos para universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas. La bancada de la Libertad Avanza (LLA) espera que la “ley de leyes” se vote en la Cámara de Diputados entre el 20 y 27 de noviembre y obtener dictamen de comisión a mediados de este mes, según fuentes parlamentarias.
Las conversaciones incluyen a la LLA, el PRO, MID y la UCR, que desde octubre han mantenido reuniones semanales para definir las demandas de cada sector y respaldar el proyecto oficial. Además, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Encuentro Federal también participan de las negociaciones, aunque este último, liderado por Miguel Pichetto, impulsa un dictamen propio que podría dificultar el consenso para un despacho de mayoría.
A la lista de negociaciones se suma la agrupación Democracia para Siempre, integrada por legisladores radicales disidentes, quienes se han mostrado críticos de la política oficial. Entre los temas que los opositores solicitan incluir en el proyecto figuran un aumento de las transferencias a las provincias, incrementos presupuestarios para universidades y la permanencia de la ley de Financiamiento Educativo, además de mayores inversiones en obras públicas.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la comisión, José Luis Espert, lideran las negociaciones junto a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, sin embargo, han puesto como condición mantener la política de superávit fiscal del gasto primario.
Uno de los puntos de debate planteados por la UCR consiste en redirigir a la masa coparticipable el porcentaje del Impuesto a los Combustibles, anteriormente destinado a subsidios de transporte para el interior. También se discute la redistribución del 1,9% de la recaudación que estaba asignado a la AFIP, ahora con una estructura gerencial más pequeña, y el 1% del ATN, que las provincias y la Nación administrarán tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.
