La Justicia Federal dispuso el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber herido gravemente al fotógrafo Pablo Grillo al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una manifestación realizada el 12 de marzo pasado frente al Congreso Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue dictada por la jueza María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, quien imputó a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.
El expediente judicial no se limita al ataque que dejó herido a Grillo, sino que describe un patrón de uso indebido de la fuerza por parte del gendarme.
Según la resolución, Guerrero efectuó el disparo que impactó en el fotógrafo de manera prohibida y habría realizado otros cinco disparos con el mismo accionar irregular durante la represión de la protesta en defensa de los jubilados.
Como parte de la resolución, la jueza ordenó el embargo de los bienes del acusado, quien continuará ligado al proceso mientras se profundiza la investigación.
Debate sobre el accionar policial en manifestaciones
El caso reaviva la discusión sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta pública, así como la protección de periodistas y trabajadores de prensa que cubren este tipo de hechos.
Organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa habían reclamado oportunamente una investigación “rápida y ejemplar” para evitar la impunidad y garantizar el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la cobertura periodística en la vía pública.
