La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) emitió un comunicado en el que informa a la comunidad universitaria y al público en general que, en cumplimiento de la Resolución Rectoral N° 148/2025, se ha procedido a formular una denuncia penal contra el ex rector de la institución, Daniel Alberto Quiroga, y el ex secretario administrativo financiero, Rodrigo Martín Ávila, por irregularidades en el manejo de fondos públicos que han generado un perjuicio económico de $55.820.000. La denuncia ha sido remitida a las autoridades judiciales correspondientes.
La denuncia, presentada por la Secretaria Legal y Técnica de la UNLaR, Yvana L. Alarcón Rearte, y el director de Representación Jurídica y Mandatos, Facundo Ruiz de los Llanos, se basa en el presunto pago irregular de garantías salariales a personas que no tenían derecho a recibirlas, utilizando fondos de funcionamiento de la universidad sin la autorización del Consejo Superior.
Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a los meses de octubre y noviembre de 2024, cuando se detectaron irregularidades en el pago de garantías salariales correspondientes al personal nodocente de categorías 6 y 7. Según el Dictamen N° 073/2025, emitido por las autoridades competentes de la UNLaR, y el informe del Auditor Interno de la UNLaR, Joaquín José Pistone, estos pagos se realizaron sin la debida autorización del Consejo Superior, violando los protocolos establecidos y generando un grave perjuicio económico para la institución.
El monto total desviado asciende a $55.820.000, lo que ha provocado un déficit financiero significativo en las arcas de la universidad. Este hecho no solo afecta la estabilidad económica de la UNLaR, sino que también compromete su capacidad para cumplir con sus objetivos académicos y administrativos.
La denuncia penal incluye la posible comisión de los siguientes delitos:
– Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
– Abuso de autoridad(art. 245 del Código Penal).
– Malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal).
– Defraudación en perjuicio de la administración pública** (art. 174 inc. 5° del Código Penal).
Además, se deja abierta la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal determine la comisión de otros ilícitos en el marco de la investigación.
Según el comunicado «La UNLaR reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos. La presentación de esta denuncia es un paso fundamental para garantizar que se investiguen a fondo estos hechos y se sancione a los responsables, en caso de que se confirme su participación en los actos irregulares». «Asimismo, la universidad confía en que las autoridades judiciales competentes llevarán adelante una investigación exhaustiva y transparente, que permita esclarecer los hechos y reparar el daño causado a la institución y a la comunidad universitaria en su conjunto», expresan.
