Un informe realizado por Editorial Ruido y Conectas reveló que el 64% de los jueces de las Cortes Provinciales argentinas mantiene o mantuvo vínculos con los gobiernos que los designaron. De los 138 magistrados que integran los máximos tribunales en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 88 ocuparon anteriormente cargos como ministros, secretarios, fiscales de Estado, asesores o proveedores del Estado.
Las provincias de La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional: en estos tres distritos, el 100% de los miembros de sus tribunales superiores estuvieron vinculados al poder político que luego los designó como jueces.
Radio La Red La Rioja, conversó con Edgardo Lidvinov, director de Editorial Ruido, quien brindó detalles del informe y sus implicancias. “Veníamos observando en nuestras investigaciones una preocupación constante por la independencia del poder judicial en las provincias. Pero este resultado fue incluso más alto de lo que esperábamos”, afirmó.
Lidvinov explicó que, mientras en el debate público suele hablarse de la Corte Suprema de la Nación o la Justicia Federal, poco se conoce sobre la composición y el funcionamiento de los tribunales provinciales. “No se entiende bien qué pasa en las provincias. Y los tribunales superiores son el símbolo máximo de la relación entre justicia y política. Una relación que, cuando se vuelve demasiado estrecha, pone en riesgo la independencia de poderes”, advirtió.
El caso de La Rioja
Entre los ejemplos más preocupantes está La Rioja, donde los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia mantuvieron vínculos directos con gobiernos provinciales del mismo signo político. “En este caso, fueron fiscales, ministros o secretarios. Pero lo más llamativo es el caso de Ana Karina Becerra, quien además de haber sido funcionaria, es sobrina del gobernador (Ricardo Quintela). Y, si mal no recuerdo, su esposo también es funcionario del Poder Ejecutivo”, señaló Lidvinov en relación a Ernesto Pérez que es ministro de Producción.
Desde su perspectiva, esta situación podría parecer naturalizada en la provincia, pero genera una fuerte reacción en otras partes del país. “Eso también nos llamó la atención: cómo se tolera o se normaliza en ciertos contextos algo que, desde afuera, se ve como una señal de alerta institucional”.
Opacidad y falta de transparencia
Uno de los mayores desafíos de la investigación fue el acceso a la información pública. En la mayoría de los sitios oficiales de los tribunales superiores provinciales, los currículums o biografías de los jueces no están disponibles. En algunos casos, ni siquiera fue posible obtener datos mediante búsquedas digitales.
Frente a esta falta de información, el equipo de Ruido recurrió a fuentes periodísticas y no oficiales. Luego, enviaron pedidos de acceso a la información a los 24 tribunales provinciales, adjuntando la información recabada y solicitando su validación.
“Solo nueve tribunales respondieron, y de esos, solo uno entregó toda la información solicitada. La Rioja no respondió en absoluto”, confirmó Lidvinov. “Y no es la primera vez. En los tres años que llevamos haciendo relevamientos, La Rioja nunca respondió a ningún pedido. Ni el gobierno, ni la legislatura, ni el poder judicial”.
Si bien existe una ley de acceso a la información pública en la provincia, todavía no ha sido reglamentada. Aun así, como aclaró el entrevistado, “hay normas nacionales, artículos constitucionales y tratados internacionales que garantizan este derecho. No hay excusas válidas para negarlo”.
Efectos sobre la democracia
La investigación no solo revela una situación legalmente permitida, sino también profundamente problemática desde el punto de vista institucional. “Estas designaciones se hacen de acuerdo a la ley, pero eso no significa que sean legítimas. La legalidad no siempre garantiza la independencia ni la equidad en la justicia”, explicó Lidvinov.
El informe recoge además múltiples ejemplos de fallos judiciales provinciales que beneficiaron sistemáticamente a los gobiernos con los que los jueces tuvieron vínculos previos. “No se puede afirmar que todos los fallos estén condicionados, pero sí es evidente que la mayoría favorece al poder político de turno. Y eso debe al menos hacernos preguntar qué nivel de autonomía real tiene la justicia en esos contextos”.
Tres provincias al tope del ranking
El ranking nacional de jueces con nexos políticos pone a La Rioja, San Juan y San Luis en lo más alto, con 100% de sus jueces provinciales con antecedentes en cargos públicos o vínculos partidarios directos. Otras provincias también exhiben cifras elevadas: varias superan el 70% o 80%, y muchas tienen cuatro o cinco miembros de sus cortes superiores con trayectorias previas en el Ejecutivo o Legislativo provincial.
