El Gobierno Nacional oficializó, mediante una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, la reestructuración de siete organismos públicos, a tan solo un día del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al presidente Javier Milei por el Congreso hace un año. Entre los organismos alcanzados por la medida se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), entre otros.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo como un paso hacia una “administración más racional”, que busca reducir gastos, mejorar la eficiencia y optimizar recursos, en el marco del ajuste fiscal impulsado por la actual gestión.
Sin embargo, desde el INTA La Rioja encendieron las alarmas. En diálogo con Radio La Red, Juan Agüero, representante del organismo en la provincia, advirtió que la reestructuración “modifica sustancialmente la estructura del INTA al punto tal de que podríamos decir que la condena a desaparecer con el tiempo”.
“Una imposición sin consenso”
Agüero explicó que la reforma fue dispuesta de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin una instancia de diálogo previa con las autoridades del INTA ni con la Secretaría de Agricultura.
“Un proceso de reestructuración hubiera necesitado el consenso y el análisis profundo de las actividades que realiza la institución. Esto es prácticamente una imposición. Tememos lo peor para el INTA”, señaló.
Además, rechazó los argumentos del Gobierno Nacional, que acusa al organismo de haber sido ineficiente, mal administrador de recursos y de haber desviado su función hacia fines políticos: “Son todas falsedades. El INTA ha superado todos los procesos de auditoría. No es una institución perfecta, pero ningún cuestionamiento tiene la magnitud de lo que se afirma en el decreto”, afirmó.
Una de las modificaciones más graves, según el vocero riojano, es la eliminación de la estructura de gobernanza que permitía al INTA mantener una autonomía relativa respecto a los gobiernos de turno. Hasta ahora, las decisiones eran tomadas por un consejo directivo integrado por representantes del Ejecutivo, universidades y productores agropecuarios: “El decreto transfiere todo ese poder a una única persona designada por el Ejecutivo. Esto rompe con una lógica de trabajo plural y federal, y deja a la institución a merced del gobierno de turno, lo cual afecta la continuidad de proyectos a largo plazo”.
El INTA cuenta con una amplia presencia territorial a lo largo de la provincia y el país, incluyendo dos estaciones experimentales en Chamical y Chilecito, y varias agencias de extensión rural distribuidas en toda La Rioja. Según Agüero, la medida afecta de forma transversal a todas las provincias y pone en riesgo el funcionamiento de una red clave para la agricultura nacional: “Esta es una institución que va desde Ushuaia hasta La Quiaca. Necesita tierra para investigar, producir, ensayar. Sin esa estructura distribuida, su función se vuelve inviable”, explicó.
Desde principios de año, el Gobierno inició un relevamiento de tierras e inmuebles en manos del INTA. Según Agüero, hubo intentos de catalogar como inactivos o abandonados espacios que están plenamente operativos, como ocurrió con el edificio de Serviño en Buenos Aires. “El AVE elaboró un listado de campos que consideraba en desuso, lo mismo que pasó con edificios en funcionamiento. Esto responde a un intento de desguace más que a una mejora en la gestión”, denunció.
Aunque no hubo despidos masivos, el INTA ya sufrió una reducción de personal significativa. Según Agüero, en el último año la planta disminuyó en unas mil personas debido a jubilaciones, ceses y retiros voluntarios, ofrecidos bajo el temor de futuras achicadas. “Desde hace años no se incorporaba personal. Con el cambio de gobierno, se ofrecieron retiros voluntarios. La estructura ya venía golpeada”, explicó.
Frente a esta situación, desde el INTA lanzaron una campaña para visibilizar el trabajo del organismo y buscar respaldo político que impida su desmantelamiento. “Ya contamos con el apoyo de productores, cámaras y organizaciones. Pero necesitamos respaldo político. Queremos frenar este proceso de desguace antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Agüero.
