El intendente municipal de Cañada de Luque, Víctor Eduardo Molina, junto a otros intendentes y presidentes comunales de la región, firmaron el acta acuerdo redactada en la Sociedad Rural de Jesús María y propiciada por Rafael Di Marco, padre de la joven fallecida en la zona de Ascochinga, para solicitar a los gobiernos nacional y provincial "respuesta rápida a las necesidades de la zona tras las inundaciones".
Además de Molina, suscribieron el acta los intendentes de Colonia Caroya Luis Emilio Grion; de Jesús María, Gabriel Frizza; de Sinsacate, Carlos Ciprian; la secretaria de Gobierno de Obispo Trejo, Teresa Almada; y los presidentes comunales de Colonia Vicente Agüero, Gustavo Ripeloni; de Candelaria Sur, Fabian Luna; de Esquina, Eduardo González, y de Atahona, Julio Moyano.
También firmaron el pedido la diputada nacional Patricia De Ferrari; el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Atilio Carignano; el vice Presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María, Jorge Marcelo Kuran; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Jesús Maria, Fausto Brandolin; el presidente de la Cámara de Comercio de Colonia Caroya, Alfonso Cargnelutti, entre otros representantes de las instituciones de la región.
Los pedidos
En el documento, solicitan “la adopción de las medidas administrativas y ejecutivas concretas que fueren menester para paliar las consecuencias derivadas de la emergencia, tanto a la población como a los productores afectados”.
También piden que “se disponga de financiamiento urgente y necesario, acorde a los recursos económicos que se generan en la zona, a través de una unidad ejecutora regional con una sólida base institucional de aplicación, conformada por los Jefes Comunales e Intendentes”.
Además, el acta pide que se establezcan en la ciudad de Jesús María “oficinas técnicas permanentes, tanto de Dipas, como de Vialidad Provincial, que permitan la plena integración a la planificación, agilizando la toma de decisión y la realización de las acciones necesarias para prevenir, y en su caso, reparar este tipo de eventos”.
Asimismo pide la creación de una mesa regional de Defensa Civil integrada por los responsables de defensa civil de los municipios y comunas, “con recursos (humanos, técnicos, económicos, etcétera) necesarios para la prevención, mitigación y preparación, que permitan dar una respuesta adecuada ante estos peligros potenciales”.
Por último, piden que “se realice una evaluación real de los daños económicos ocasionados a los damnificados directos y a la región afectada” y que “procedan a diseñar y ejecutar las obras necesarias a fin de evitar futuros problemas de idéntica índole, contemplando acciones a corto, mediano y largo plazo”.
Fuente: La Voz del Interior