El abogado Emilio Pagotto, que representa a un grupo de trabajadores del Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), anunció la reincorporación de profesionales que judicializaron la determinación de la UNLaR y tuvieron fallos favorables del Juzgado Federal de La Rioja.
En La Red, Pagotto explicó que los trabajadores afectados decidieron llevar a la Justicia la decisión de la universidad de transformarlos en trabajadores no docentes de la categoría asistencial Nº7. “Desde hace años, venían percibiendo un adicional docente asistencial”, mencionó el abogado. En este contexto, el Juzgado Federal otorgó medidas cautelares a favor de los empleados en casi 10 amparos diferentes, lo que ordenaba su reincorporación. Sin embargo, según indicó Pagotto, la Universidad no acató de inmediato estos fallos, lo que llevó a la presentación de denuncias penales contra el rector y otros funcionarios.
“Denunciamos penalmente al rector (Daniel Quiroga) por el supuesto delito de desobediencia de autoridad. Más de 15 trabajadores lo hicieron”, explicó Pagotto, porque “las autoridades del hospital y de la universidad demoraron el cumplimiento de las órdenes judiciales” hasta que las denuncias surtieron efecto. “Cada vez que se presentaba una denuncia penal, los llamaban por teléfono para decirles que en cumplimiento del fallo serían reincorporados”, explicó.
Hasta el momento, la reincorporación incluye a 70 empleados que no aceptaron las nuevas condiciones impuestas por la Universidad. Según Pagotto, estas modificaciones laborales habrían sido abruptas e ilícitas, afectando la cantidad de horas de trabajo y el convenio colectivo. “La universidad intentó modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, violentando los acuerdos paritarios que fueron firmados por la misma universidad y algunas de las actuales autoridades”, afirmó el abogado.
En cuanto a los salarios adeudados, Pagotto denunció que muchos de los trabajadores reincorporados aún no han recibido sus pagos correspondientes a los meses de julio y agosto. “Aproximadamente 40 trabajadores fueron convocados a trabajar, pero no se les han abonado los salarios devengados durante ese tiempo”, informó.
El abogado también se refirió al impacto de este conflicto en el hospital, un centro de salud de referencia para más de 60.000 personas en la zona sur de La Rioja. “Es inadmisible que un hospital permanezca con servicios críticos cerrados cuando la totalidad del personal ya ha sido reincorporada”, destacó Pagotto.