Este martes a las 18 horas, organizaciones, prestadores, familiares y personas con discapacidad se concentrarán en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja para manifestarse en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada por el Congreso de la Nación.
En diálogo con Radio La Red, Noemí Case, fonoaudióloga y presidenta de la Fundación A tu lado estoy, expresó su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector: “Hoy estamos viviendo una crisis que golpea especialmente a las personas con discapacidad, sus familias y a los prestadores de salud. Las prestaciones peligran, las pensiones están siendo suspendidas y el sistema de cobertura se está desmoronando”.
Case denunció que el veto de la ley representa un retroceso significativo en materia de derechos adquiridos: “Lo que antes era un derecho, hoy se pone en duda. La ley vetada garantizaba auditorías justas, aumentos para los prestadores en función de la inflación y el mantenimiento de prestaciones esenciales como el transporte o el rol de las maestras integradoras. Sin ella, todo eso queda en manos del criterio discrecional de las obras sociales”.
Uno de los puntos más críticos es la falta de pagos y autorizaciones por parte de las obras sociales. Según la profesional, en muchos casos hay demoras de hasta 180 días para abonar prestaciones ya realizadas. “Yo tengo pacientes cuyas terapias del año pasado todavía no fueron autorizadas”, indicó.
La situación también afecta directamente a quienes brindan servicios de salud. Case, con más de 30 años en la profesión, describió un panorama insostenible: “Hace 10 meses que no recibimos ningún aumento. Es imposible seguir atendiendo con los valores actuales. Lo más doloroso es tener que decirle a una familia que no podemos continuar con la terapia de su hijo porque no podemos sostener los costos”.
La representante destacó además que varios talleres protegidos y centros de atención en la provincia están a punto de cerrar sus puertas debido a la falta de recursos. “Hay medicamentos esenciales, como los anticonvulsivos, que directamente no están siendo reconocidos por las obras sociales. Esto es gravísimo”, agregó.
Según datos aportados por la entrevistada, en La Rioja más de 15.000 personas viven con alguna discapacidad, muchas de las cuales han perdido su pensión no contributiva por errores o trabas en las auditorías. “Hay gente del interior que no pudo cargar los papeles, que no tiene acceso a internet o conocimientos técnicos. Las cartas documento para notificar audiencias ni siquiera llegaron en muchos casos. Y el resultado fue que les quitaron un derecho”.
Case enfatizó que la convocatoria no es partidaria ni ideológica: “No es una marcha contra nadie, es una marcha por todos. Porque la discapacidad nos puede tocar en cualquier momento. Pedimos que los legisladores mantengan su voto positivo, que insistan para que esta ley vuelva a ser tratada y promulgada”.
La fonoaudióloga mencionó que, si bien algunas obras sociales como Ospedyc y Obra Social de la Construcción vienen trabajando con mayor regularidad, muchas otras presentan importantes atrasos, entre ellas Oficap, Ospic, Oficmédica y otras prestadoras nacionales. “Los reclamos se multiplican y las respuestas no llegan”, lamentó.
En un mensaje contundente, Case llamó a la reflexión sobre la responsabilidad del Estado en el acompañamiento a las personas con discapacidad: “No se trata de una limosna. Es una obligación legal y moral garantizar derechos básicos. Hoy escuchamos frases como ‘¿por qué tengo que pagar lo que tu hijo necesita?’ Esa mirada es peligrosa y profundamente injusta”.
La convocatoria para este martes a las 18 horas es abierta a toda la comunidad. “Necesitamos que nos escuchen. Que se priorice la vida, la dignidad y el acceso a los derechos. Este ajuste no lo pueden seguir pagando los más vulnerables”, concluyó.
