Matías Ascoeta, exdirector jurídico de la Agencia de Acceso a la Información Pública, advierte que el decreto del Gobierno nacional implica un grave retroceso democrático. “No es sólo pedir un dato, es un derecho fundamental”, sostuvo en diálogo con Radio La Red La Rioja.
El derecho al acceso a la información pública, consagrado por ley en 2016, atraviesa un momento crítico. El Gobierno nacional, a través del decreto 780/2023, introdujo una serie de modificaciones que, según especialistas, restringen seriamente la posibilidad de que la ciudadanía conozca cómo actúan y deciden las instituciones del Estado.
En entrevista con Radio La Red La Rioja, Matías Ascoeta, exdirector jurídico de la Agencia de Acceso a la Información Pública, calificó el decreto como “inconstitucional” y denunció que se está desmontando una política clave para el fortalecimiento de la democracia.
El decreto reglamenta artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero lo hace de forma regresiva. Entre sus puntos más polémicos:
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Amplía las excepciones para acceder a la información, incluyendo categorías imprecisas como “naturaleza privada”.
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Restringe la definición de “documento”, excluyendo borradores, papeles de trabajo y actos preparatorios de políticas públicas.
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Obliga a los solicitantes a identificarse y brindar domicilio, lo que limita el principio de informalidad y anonimato.
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Permite clasificar información como secreta por 10 años, sin justificar los motivos, y acota el acceso en casos de violaciones de derechos humanos solo a causas judicializadas.
“Acceder a la información pública es mucho más que pedir un dato. Es un derecho que permite ejercer otros: el de opinar, el de participar, el de expresarse libremente. Le da fuerza a la democracia”, explicó Ascoeta.
El especialista recordó que la ley sancionada en 2016 fue el resultado de años de lucha de organizaciones sociales y de un amplio consenso político. Sin embargo, las nuevas medidas del Ejecutivo “cierran el debate” y debilitan gravemente el ejercicio de este derecho.
En cuanto al plano provincial, Ascoeta señaló que, si bien La Rioja incorporó el derecho al acceso a la información en su Constitución, la ley provincial aún no está reglamentada y la práctica sigue siendo débil.
“Tenemos un marco legal incipiente, pero acceder a datos como las declaraciones juradas de funcionarios provinciales o municipales sigue siendo imposible”, remarcó. “Lo que a nivel nacional es público, en nuestra provincia depende aún de la voluntad política, no de la obligación institucional”, agregó.
También criticó la falta de transparencia en concursos judiciales, señalando que no se publican impugnaciones, exámenes ni horarios, a diferencia de la justicia federal, donde incluso se filman las entrevistas y se publican en plataformas digitales.
