Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró que «no hay ninguna posibilidad de que vaya presa», en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad. El letrado brindó una conferencia de prensa desde la sede del PJ nacional.
Beraldi sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer.
«La Corte ya ha intervenido en la causa y no es que, solamente, está el recurso de la ex presidenta. Hay 10 recursos más que la Corte tiene que tratar, por lo cual, desde el punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medianoches… salvo que se trate esto de una operación política que nada tiene que ver con el derecho», indicó.
Paralelamente, sostuvo que los jueces «no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente» y que se deben «corregir cuestiones de la fundamentación de la sentencia», dado que carece de fundamentos jurídicos y «es grave».
Por otra parte, sostuvo que esta causa, que empezó hace nueve años y donde se le imputó a la ex presidenta el haber llevado a cabo un manejo «discrecional» de fondos públicos, «asignándosele a la provincia de Santa Cruz más dinero que el que correspondía», no contó con pruebas que fundamentara esa acusación.
«En el juicio se demostró, sin duda, que ella, en primer lugar, no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto y que vota el Congreso de la Nación. En lo que se refiere específicamente a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está más que definido que la (ex) Presidenta de la Nación jamás había tomado ningún tipo de atribuciones. No solamente por cuestiones fácticas: todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ninguna intervención, porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano que es autárquico como es la Dirección Nacional de Vialidad y, además, que se ejecutan en un órgano que es provincial, respecto de la cual la (ex) Presidenta no tiene ningún tipo de incidencia, ni puede tenerla», detalló.
Beraldi, también hizo hincapié en que «la base de cualquier proceso judicial es que los jueces sean imparciales e independientes», pero si el Poder Ejecutivo se constituye en un expediente como querellante y actor civil, «como ocurrió en este caso durante el gobierno de Mauricio Macri» y los jueces que tienen que resolver esta causa «se reúnen y tienen encuentros privados con el Presidente de la Nación, eso impacta de manera directa sobre la violación de esta garantía».
Para finalizar, recordó que, cuando se llegó el momento de dictar sentencia, dijeron que había sobreprecio «sin tener una pericia contable» y sin que las cuestiones de estos otros empresarios fuesen investigados.
«Es como una comedia de enredos, en donde el sentido común nos muestra que no estamos en un proceso judicial que revista mínimamente un grado de licitud y legitimación. Ahora, lo que queremos es que se aplique el derecho, que se tome la decisión que jurídicamente corresponde y es o que la absuelvan o que reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías», concluyó.
