En un contexto de ajustes fiscales, la obra pública nacional ha sufrido una drástica disminución que, durante los primeros 10 meses de 2024, alcanzó un promedio del 83% en términos reales. Este recorte ha afectado a todas las provincias del país, pero La Rioja se ha destacado como la más perjudicada, recibiendo solo una fracción de los fondos destinados a obras públicas.
El diputado nacional por el Partido Justicialista en La Rioja, Ricardo Herrera, utilizó sus redes sociales para compartir un informe elaborado por el portal elauditor.info. Este informe examina el impacto del ajuste implementado por el Gobierno nacional sobre la inversión en obras públicas en las diferentes provincias. Durante este período, los recursos destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo han caído drásticamente.
Las jubilaciones, las transferencias de fondos de Nación a las Provincias y la inversión en obra pública son componentes esenciales que contribuyen al superávit fiscal observado en 2024. Aunque el recorte en jubilaciones representa aproximadamente un tercio de este superávit, la decisión del Poder Ejecutivo de frenar la obra pública ha tenido repercusiones significativas en todas las jurisdicciones.
El informe revela que la ejecución de la obra pública nacional experimentó una caída nominal del 24% y un descenso alarmante del 83% en términos reales durante los primeros diez meses de 2024. La inversión real directa (IRD) es fundamental para el gasto público nacional, ya que comprende proyectos que van desde edificaciones hasta infraestructuras críticas, así como mejoras sustanciales en activos existentes. El objetivo primordial de estas inversiones es fortalecer las capacidades productivas del país y mejorar su competitividad.
Un ajuste dispar y desigual
El ajuste fiscal ha generado diferencias notables en la distribución de recursos entre las provincias. A pesar de ser la jurisdicción con mayor recepción de fondos durante ambos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportó $149.009 millones en 2024, con una caída del 82% en términos reales. En segundo lugar se encuentra la provincia de Buenos Aires, que recibió $67.507 millones, pero también experimentó una disminución real del 89%.
En contraste, La Rioja recibió apenas $1.352 millones, lo que representa una reducción dramática del 97%, mientras que San Luis recibió solo $996 millones con una contracción del 94%. Estas cifras indican una considerable disparidad en la asignación de recursos para IRD a lo largo del territorio nacional.
Es importante destacar que todas las provincias enfrentaron reducciones en términos reales; sin embargo, los porcentajes varían significativamente. Algunas jurisdicciones lograron enfrentar mejor los efectos inflacionarios que otras. Por ejemplo, Jujuy y Tierra del Fuego reportaron caídas reales inferiores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), contrastando con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires.
Este análisis pone de relieve no solo el impacto negativo que ha tenido el ajuste fiscal sobre la obra pública, sino también las desigualdades inherentes a su distribución entre las distintas provincias, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro desarrollo regional y las capacidades productivas a largo plazo.
