El Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (SIDIUNLaR) comunicó, en sus redes sociales, que se alineó a la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en la presentación de una acción judicial contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los salarios de los docentes universitarios. La medida se fundamenta en la idea de que “el salario no es ganancia” y busca proteger el ingreso de los trabajadores de la educación superior.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 27743, conocida como “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que reinstauró el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, CONADU presentó en el fuero laboral una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar. “El objetivo de esta medida es que el Estado Nacional se abstenga de aplicar dicha ley a los docentes universitarios, argumentando que se vulneran derechos fundamentales como la igualdad, la intangibilidad salarial y la progresividad de derechos”, sostuvo la entidad gremial en su comunicado oficial.
La presentación judicial también incluye una serie de solicitudes de trabajadores y trabajadoras docentes, respaldadas por el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales, con el fin de legitimar la acción. En el caso de un fallo favorable, todas las universidades nacionales que se rigen por el Convenio Colectivo de Trabajo, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), serían destinatarias de la orden judicial.
CONADU y SIDIUNLaR sostienen que la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los docentes constituye una violación a los derechos laborales y a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Además, se ha invocado la reserva de derechos basada en la Constitución Nacional, así como en instrumentos de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde SIDIUNLaR, se insiste en que “el salario de los docentes universitarios no es ganancia”, por lo que resulta “injusto aplicar un tributo que afecta directamente al poder adquisitivo de los trabajadores de la educación”.
