Milei ratificó la posición oficial en público y ordenó la desregulación de Intercargo, la compañía que presta servicios de rampa y que complicó la operación aérea por los paros. Con agenda adversa en el Congreso, el oficialismo está concentrado en frenar el proyecto que limita el uso de los DNU.
“Se pegaron un tiro en el pie, esto fue lo peor que pudieron haber hecho. La gente está cansada y los tipos siguen haciendo paros, se están cavando su propia tumba”, opinó un funcionario cercano al presidente Javier Milei el jueves pasado, en medio de la retención de tareas llevada adelante por los trabajadores de la empresa Intercargo, que por segundo día consecutivo complicó las operaciones en varios aeropuertos del país.
Mientras sucedían las demoras y cancelaciones en diferentes vuelos, que afectaron a miles de pasajeros a lo largo de la semana pasada, en el Gobierno comenzó a tomar fuerza la idea de que, si no se puede avanzar con su privatización, se proceda con el cierre Aerolíneas Argentinas.
De hecho, una de las primeras medidas en ese sentido llegó antes de lo esperado, el mismo jueves, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunciaron la liberación del servicio de rampas en las terminales aéreas.
Hasta el momento, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza y otros lugares del interior, ese trabajo estaba en manos prácticamente de forma exclusiva de la estatal Intercargo, pero a partir de los sucesivos paros, las autoridades nacionales decidieron que otras compañías puedan competir.
Luego de la reunión de Gabinete el viernes, un Milei exultante ratificó la postura oficial que adelanta los planes para la aerolínea de bandera: “En la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando. Obviamente que se termina Intercargo”.
Además, Bullrich comunicó que se le dio la orden a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que, en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional, puedan operar el servicio de rampa cuando haya cese de actividades, para garantizar el transporte de los pasajeros.
“Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero. Este es un paso más para sepultar el terrorismo sindical. Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, remarcó Adorni.
En cuanto a Aerolíneas Argentinas, tal como anticipó Infobae, el Gobierno les exigió a los gremios del sector que presenten un programa para que la compañía funcione sin conflictos o de lo contrario, el Poder Ejecutivo pedirá que entre en un Plan Preventivo de Crisis, que derivará en su cierre definitivo.
Esas reuniones se llevaron a cabo el viernes, pero todo terminó en una tregua temporaria hasta el lunes, ya que no hubo resolución y seguirán negociando. Aquí están involucrados la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
En el Congreso hay un proyecto para privatizar la empresa, que fue elaborado por el diputado del PRO Hernán Lombardi y que ya tiene dictamen, pero que no cuenta con el respaldo suficiente en el recinto como para ser aprobado.
En el oficialismo señalan que, además de la discusión por el Presupuesto, las autoridades nacionales están concentradas en que no avance la iniciativa para modificar a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, lo que complicaría al Presidente, que suele recurrir a esta herramienta para no demorar con determinadas reformas.
La oposición ya pidió una sesión especial para el martes 12 de noviembre, a las 15, para trata este asunto y también el rechazo al Decreto 846/2024, que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera.
