El juez federal Daniel Bejas procesó a 20 ex militares, gendarmes y policías por "crímenes contra la humanidad" en perjuicio de 269 víctimas durante el denominado "Operativo Independencia", un plan iniciado en la provincia en 1975 "bajo el argumento de combatir a la guerrilla, pero que propició el terrorismo de Estado".
En su decisión, el magistrado descarta la existencia de un conflicto armado de gran escala en la provincia tras analizar en contexto histórico en un escrito de más de 300 páginas. Bejas responde así a un requerimiento formulado por el fiscal Pablo Camuña, el año pasado, para que se detuviera a estos procesados.
Los afectados por la resolución son los ex militares Ernesto Repossi, Julio Luis Teodomiro Bidone, Hugo Enzo Soto, Héctor Luis Ríos Ereñú, Cayetano José Fiorini,y a Juan Antonio Garibotte. También fueron procesados los ex oficiales de EjércitoFernando Torres y Luis Orlando Varela, al igual que los gendarmes Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski, y Celso Alberto Barraza.
El magistrado procesó a los policías María Luisa Acosta de Barraza, Hugo Javier Figueroa, Miguel Ángel Orlando Chaile, Félix Insaurralde, Pedro Joaquín Pasteris, Rolando Reyes Quintana, Agustín Ugarte, y Miguel Ángel Chuchuy Linares. En la misma condición que todos ellos fue procesado el segundo jefe de la Delegación Tucumán de la Policía Federal, Santiago Humberto Trotta.
La decisión del juez se demoró como consecuencia del trabajo que insumió llevar a cabo las declaraciones indagatorias, algunas de las cuales se celebraron mediante el sistema de videoconferencia, dado que los imputados residen en diferentes lugares del país.
Los delitos que afectaron a las 269 víctimas son los de violación de domicilio, robo doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas agravadas, homicidios, violación sexual agravada y asociación ilícita.
En su escrito, el juez realizó un estudio histórico de las condiciones sociales y económicas de la provincia en la etapa previa al terrorismo de Estado y sostuvo que ese fenómeno "resultaría inseparable de otro inmediatamente anterior que trascurrió entre 1969 y 1976, en donde el uso de la violencia política se tornó normal y en cierto modo aceptado por buena parte de la sociedad".
Para el funcionario judicial, "el plan represivo de las FF.AA., se inicia en la dictadura de (Juan Carlos) Onganía" buscó la "reconversión económica de fondo asentada en la promoción de sectores más eficientes y dinámicos de la economía ligados al capital transnacional".
Una iniciativa política que "produjo desastres económicos, con la concreción de lesiones irreparables a los derechos civiles de la sociedad tucumana y cuyas repercusiones se extienden hasta la fecha".
El juez revela que de las 269 víctimas sólo un 7% acreditaba alguna vinculación con las organizaciones armadas del ERP (12 casos) y Montoneros (cuatro casos).
Por eso, el Operativo Independencia "no puede reducirse a la descripción de una incursión militar previa a la dictadura" sino que "se trató de un accionar que condensó procesos de corta, mediana y larga duración, marcando un punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional". (Télam)