El próximo 31 de marzo se acerca como una fecha clave en el Senado argentino, ya que vence el congelamiento de las dietas de los senadores. Esta prórroga fue implementada a inicios de 2025 por la vicepresidenta Victoria Villarruel a través de un decreto, y si no se toman medidas en los próximos días, los legisladores pasarían a cobrar la suma de 9 millones de pesos.
Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Villarruel tiene previsto abordar este tema en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, que se llevará a cabo antes de una sesión crucial en la que el Senado debatirá el acuerdo para la integración de la Corte con Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. Sin embargo, no se descarta que se trate este asunto antes.
La titular del Senado había intentado incluir el tema en la agenda durante la sesión del pasado 12 de diciembre, cuando se expulsó al senador Edgardo Kueider. No obstante, no logró alcanzar un consenso con los jefes de bloque debido a que el recinto estaba centrado en otro asunto candente.
Villarruel finalmente prorrogó el decreto 27/24, que había congelado las dietas desde agosto del año pasado hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida fue impulsada tras recibir apoyo del bloque La Libertad Avanza (LLA) y otros grupos dialoguistas como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.
Uno de los principales objetivos de Villarruel y otros senadores es extender el congelamiento de las dietas durante todo 2025 y concretar un desenganche paritario que fue aprobado sin debate en una votación a mano alzada, donde se estableció un sueldo total de 4,5 millones.
Si bien este monto estará vigente hasta el próximo lunes, los senadores tienen tiempo hasta la tercera semana de abril para definir su postura, momento en el cual comenzará la liquidación de sueldos que deberán percibir en mayo. En una jornada polémica anterior, los senadores aprobaron un nuevo esquema que incluyó la famosa dieta número 13 para emular un aguinaldo, lo que ha generado controversia y descontento entre la opinión pública.
La situación plantea un dilema para los legisladores: ¿mantendrán su dieta congelada o permitirán un aumento significativo justo cuando se intensifican las demandas sociales por una mayor equidad económica? La respuesta podría tener repercusiones significativas en su imagen pública y en la confianza ciudadana hacia sus representantes.
