Boleta corta o larga: ¿Qué están discutiendo?

El debate judicial que se viene por el uso de boletas cortas o largas esconde un trasfondo político: la influencia del comicio de diputadxs provinciales en la elección de legisladores nacionales. ¿Qué posición tiene cada uno de los sectores? ¿Por qué el distanciamiento del Tribunal Superior con el Ejecutivo también juega en este tema?

Imagen ilustrativa.
Nuevamente el proceso político en la provincia de La Rioja va camino a la judicialización y una parte del debate electoral se resolverá en los tribunales antes que en las urnas. 

En el año 2019 el decreto 259 del por entonces presidente Mauricio Macri reglamentó la ley electoral y determinó que las boletas de los cargos nacionales, solamente pueden tener adherida una propuesta por estamento provincial. Es decir que, en el caso de las elecciones del próximo 14 de noviembre en La Rioja, una sola lista de diputadxs provinciales podría ir pegada a la nómina de legisladorxs nacionales. 

Esa decisión de la gestión de “Cambiemos” hoy está en debate político y judicial por parte del “Frente de Todos”.
El argumento legal del oficialismo es que el decreto avanza sobre la competencia electoral de las provincias y que se puede argumentar que esa normativa presidencial está avasallando la autonomía de los Estados provinciales en materia de comicios y sistema de votación. 

“Se excede en atribuciones que son del Congreso de la Nación. Nosotros no estamos propiciando colectoras, pero creemos que esto genera una inequidad en la participación de las listas provinciales, porque la lista que va enganchada en la boleta nacional tiene una ventaja”, advierten.

Mientras tanto, el principal planteo de la oposición es que el decreto todavía está vigente y que ninguna resolución a nivel provincial puede ir en contra de esa medida de quien era la máxima autoridad del Ejecutivo nacional. "Es una locura plantear que una norma provincial está por encima de un decreto presidencial que reglamenta una ley nacional, se están llevando por delante toda la pirámide jurídica. Además, quieren cambiar las reglas de juego en un proceso electoral que ya está en marcha", aseveran.

En el mismo sentido, Cristina Salzwedel, apoderada de “Vamos La Rioja” afirmó: "Como veníamos escuchando declaraciones públicas en los últimos días, tanto del gobernador Ricardo Quintela como del asesor General, Miguel Zárate, donde cuestionan este decreto firmado en 2019 por Macri, intentando deslizar alguna argumentación sobre una eventual presentación judicial que podrían hacer, decidimos adelantarnos y presentamos una acción declarativa de certeza ante la Justicia Federal para que el juez nos diga si considera que es constitucional este decreto y para que luego lo resuelva la Junta Electoral Nacional", dijo en La Mañana de La Red.

Hay una variante más en todo este tema: que la "Casa Rosada" intervenga de manera directa en el conflicto.
Hace un par de meses varios gobernadores peronistas le plantearon al presidente Alberto Fernández la posibilidad de que este decreto se modifique y que cada provincia aplique su propia ley electoral sin esta limitación. 
Esa idea por ahora no prosperó y hay quienes entienden que los tiempos procesales ya expiraron, pero el nuevo mapa político que dejó la derrota del oficialismo en las PASO abre una puerta que antes no existía. Los gobernadores tienen hoy una llegada a Balcarce 50 que no estaba presente en el momento que realizaron el pedido.  
   
Indudablemente toda esta pelea judicial tiene un costado político: en siete departamentos se eligen diputadxs provinciales y esas nóminas pueden traccionar votos para las listas de legisladores nacionales en cada uno de esos departamentos. En Rosario Vera Peñaloza ya hablan de acuerdos de boleta y de una presentación ante la Justicia electoral provincial por este tema.  

Está claro que hay una contradicción política en el oficialismo que no se puede soslayar: el actual Gobierno provincial asumió con el compromiso de dejar atrás el sistema de colectoras, pero intentar que más de una lista de diputadxs provinciales pueda acordar con la lista de legisladorxs nacionales es una variante del mismo mecanismo. 
También es cierto que en las últimas elecciones tanto el peronismo como los partidos de la oposición usaron el sistema, el caso emblemático fue la cantidad de listas de concejales que apoyaron a cada unx de los candidatxs a intendentx de la Capital en los procesos de 2015 y 2019.

Pasan los años, cambian los nombres, surgen alianzas inesperadas, pero hay un problema que La Rioja no puede solucionar: la estabilidad de las reglas electorales, su simpleza y de esa manera evitar la judicialización de las mismas. 

No se puede limitar el análisis de los resultados de las elecciones al sistema aplicado, porque la oposición ganó varias veces con este mismo mecanismo y en otras lo hizo el oficialismo. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la crisis de representación que marca a la política desde hace varios años, sería un gran paso institucional (y que fortalecería la democracia) un mecanismo para elegir representantes que surja desde un consenso entre los partidos, que garantice la mayor facilidad posible para no confundir al elector y que sea estable en el tiempo.  

Ojalá alguna vez los tribunales no tengan nada que ver con las urnas.