¿Quién va a pagar?

La Municipalidad profundizó el pase a planta de las 2.800 trabajadorxs precarizadxs que existían. La Provincia sostiene que no respaldará económicamente esa medida. ¿Qué pasará en noviembre? Los argumentos jurídicos y políticos de ambos sectores. Y una pregunta final que es la clave de este proceso.

En 22 meses de gestión el gobernador Ricardo Quintela y la intendenta de Capital, Inés Brizuela y Doria, no se pusieron de acuerdo en casi nada. Las promesas de campaña de ambos sectores de una relación diferente a la de los últimos años entre la Provincia y el distrito más poblado del territorio riojano, quedaron en el olvido
Sin embargo, hay una política de Estado que ambos dirigentes comparten: pasar a planta lxs trabajadorxs precarizadxs. Aunque un punto fundamental los distancia y es quién va a financiar esa medida. 

Entre los meses de julio y septiembre, la información oficial precisa que 400 trabajadorxs del Programa de Entrenamiento Municipal (PEM) pasaron a planta permanente. 

Pasó casi desapercibido mediáticamente, pero en este mes de octubre por primera vez en muchos años un grupo de empleados públicos (en este caso municipales) no cobraron la totalidad de sus salarios del mes de septiembre, porque los recursos enviados por la Provincia al municipio no alcanzaron para abonar los descuentos de mutuales y de LITIS, que son parte de los haberes de lxs trabajadorxs. 

La Provincia le transfirió a la Municipalidad los recursos correspondientes a salarios tomando como base la planta de empleadxs que existían en julio pasado. Es decir, no reconoció las 400 designaciones antes mencionadas y de allí derivó el agujero financiero de 25 millones de pesos en la última grilla salarial.

La situación será todavía peor: el jueves pasado la comuna anunció el pase a planta de 500 empleadxs municipales más. Mientras que las máximas autoridades del municipio confirman fuera de micrófono una decisión política que marca lo que se viene: “Vamos a pasar a planta a todxs lxs empleadxs precarizadxs que fueron designadxs en las gestiones anteriores”.  
 
Y aquí surge la clave de este conflicto: la Municipalidad tiene definido pasar a planta a todxs lxs trabajadorxs precarizadxs (eran 2.800 al comenzar la gestión) y la Provincia asegura que no reconocerá esas designaciones.  
Legalmente el Gobierno provincial se sustenta en la ley de coparticipación 9.782, que determina en su artículo 10 que “la Función Ejecutiva fijará la política salarial para todo el territorio provincial” y que la fecha que se tomará como límite para considerar la planta de cada municipio será el 10 de diciembre de 2014. “A partir de dicha fecha, los valores referenciales de agentes establecidos podrán incrementarse previa autorización de la Función Ejecutiva”, dice la ley. 

“No es un problema nuestro. La Ley establece claramente que solamente pueden aumentar la planta de empleados con autorización del Estado provincial. En este caso, están anunciando pases a planta sin esa autorización y además sin los recursos propios para hacer frente al incremento del gasto”, aseguran en los principales despachos de la “Casa de las Tejas”.

Mientras que desde el municipio sostienen que la Provincia les adeuda recursos. “Tenemos varias presentaciones judiciales hechas por el dinero que nos deben del Fondo Educativo y por cómo están liquidando diferentes aspectos de la Coparticipación, con ese dinero sobra para realizar esta medida que estamos concretando”, aseveran en los pisos más altos del edificio “Juan Ramírez de Velasco”.

Si el debate judicial en este tema tiene varias aristas, en el político la cosa se pone todavía más espinosa. 
En la comuna remarcan todo el tiempo que están pasando a planta permanente lxs trabajadorxs que ingresaron a la Municipalidad durante las gestiones de los ex intendentes Ricardo Quintela y Alberto Paredes Urquiza. 

El reempadronamiento oficial realizado el año pasado determinó: los PEM eran 2.833, de los cuales 1.595 fueron designadxs durante las tres gestiones del ex intendente Ricardo Quintela y 1.238 empleadxs fueron incorporadxs durante la administración del ex Jefe comunal Alberto Paredes Urquiza.

“Estamos resolviendo un problema que ellos generaron y haciendo un acto de estricta justicia social”, remarcan en las filas del radicalismo. 

Desde la Provincia ponen las cargas en otro aspecto: “Están anunciando medidas económicas con plata que no tienen y haciendo cargo a otros de su falta de previsión. Es una irresponsabilidad total, ya este mes no pudieron pagar todos los sueldos porque la plata no les alcanzó. ¿Dicen que no tienen recursos para tapar los baches pero pasan a planta 900 personas en tres meses? ¿Dónde quedaron las banderas de la institucionalidad de las que tanto hablan?”, se preguntan de manera retórica.

En el mismo sentido, hacen una interpretación política del anuncio: “No les fue bien en las elecciones, entonces están tratando de generar un conflicto”, dicen en el Gobierno, en donde optaron por un cerrado hermetismo público ante el tema. Ningún funcionario hizo un comentario público ante el anuncio municipal.  

Está claro que en este proceso las dos partes exponen incoherencias políticas. 

La actual administración provincial es parte del origen de este problema. Cuando fueron gestión municipal sumaron PEM a la comuna y en el año 2015 incorporaron a planta permanente trabajadorxs que sabían no serían reconocidxs por el Gobierno provincial, cuando gobernaba Luis Beder Herrera. 

Mientras que la gestión del radicalismo hace anuncios de pase a planta de miles de trabajadores sin tener ninguna certeza del financiamiento de esa medida en el tiempo. Anuncian una acción de Gobierno con un alto impacto impacto económico y social sin tener en cuenta qué pasará en los próximos meses. 

En este mar de dudas sobre qué ocurrirá, hay algunas pocas certezas. 

Lxs trabajadores precarizadxs deben gozar de los mismos derechos que sus compañerxs de planta, no se puede seguir sosteniendo en el tiempo esa discriminación laboral realizada desde el propio Estado.

Pero esa medida, tiene que tener sustento económico y realizarse de una manera que no implique la caída de la prestación de servicios de la Municipalidad al resto de lxs vecinxs y evitando el quebranto financiero de la comuna. 
La otra certeza es que la única solución a este embrollo es política. Deberán encontrar las dos gestiones un espacio de diálogo para poder avanzar en un acuerdo que no deje a lxs trabajadorxs como rehenes de las estrategias políticas de unxs y otrxs. 

¿Qué pasará en noviembre con los sueldos de lxs municipales? ¿Si pasan a planta lxs precarizados de Capital, no reclamarán lo mismo lxs precarizadxs del resto de los 17 municipios?
La pregunta final es política. 

Si este conflicto se profundiza el próximo mes, quién pagará el costo político de lo que pase. ¿El Gobierno provincial por no darle los recursos que pide la Municipalidad o la Municipalidad por designar empleadxs sin tener los recursos para hacerlo? En el medio, el 14 de noviembre se vota.