La historia sin fin

Hace mucho tiempo se afirmó: la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. ¿Qué pasa cuando algo se repite en el tiempo de manera indefinida? El conflicto entre la Provincia y el municipio es un relato reiterado, cansador y que permite pensar en la figura de un “Estado fallido”.

La imagen de la intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria, en un encendido discurso frente a la Casa de Gobierno acompañada de una gran masa de trabajadores comunales o el acampe frente a la Residencia del Gobernador, fueron una nueva expresión de un eterno deja vu. 

Lxs riojanxs vimos en los últimos años a Luis María Agost Carreño, Ricardo Quintela o Alberto Paredes Urquiza en situaciones muy similares, cada unx con sus matices, pero en líneas generales repitiendo la escena. 

Y más allá de que en un momento fueron PROCALaS, en otro se trataron de PIL y hoy se llamen PEM, el problema a lo largo del tiempo fue más o menos el mismo: la cantidad de recursos que recibe la comuna con más habitantes de la Provincia no son suficientes para brindar los servicios que la ciudad requiere. Y tampoco para pagar los salarios que les corresponden a lxs trabajadores que cumplen tareas allí.

En ese sentido, el panorama actual tiene sus componentes coyunturales que le dan características particulares a este momento histórico.

La Municipalidad de la Capital tiene aproximadamente 2.900 trabajadorxs precarizadxs que quedaron de las gestiones peronistas anteriores y esa herencia condiciona al Gobierno de Inés Brizuela y Doria. A los cuales se suman unas 600 ayudas económicas que tienen una situación similar en su vínculo laboral y que nadie está mencionando (pero que también son parte del problema).

Hasta hace unos años estaba instalado en el escenario político que ser intendentx de la Capital podría ser un trampolín para pelear la gobernación de la Provincia. Pero a la luz de los hechos, de lo complejo que es gobernar la ciudad de los azahares, esa afirmación hoy se puede poner en duda. 

Y quizás aquí es donde sea válido incorporar un concepto muy usado en la Ciencia política y es el de "Estado fallido". 
Se denomina de esa manera a "un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el acceso a los servicios básicos a su población". Eso es hoy la Capital, un Estado que no puede pagar sus sueldos ni brindar los servicios que la ciudad demanda. 

Pensar de quién es la culpa es la obsesión de toda la dirigencia por estas horas, mucho más en tiempos de elecciones. Y en realidad la culpa es compartida. 

Por un lado, las gestiones peronistas dejaron miles de trabajadores precarizadxs que tienen derechos laborales que no están siendo reconocidos, la ley de coparticipación sancionada por la mayoría de legisladores oficialistas en 2015 discrimina a Capital (el propio Gobierno propone modificar la norma en su proyecto de reforma constitucional) y el Estado provincial lleva adelante una política muy acertada al pasar a planta a lxs precarizadxs de sus diferentes ministerios, pero no coordina una solución en el caso de Capital.  

También está claro que la actual administración radical tiene su cuota de responsabilidad. 
No cumplieron su promesa de campaña que con solamente administrar mejor los recursos el problema de la comuna se solucionaba, siguen describiendo la realidad como si fueran una fuerza política de la oposición y son hace casi dos años el Gobierno de la ciudad. 

Y lo más significativo: anunciaron una medida de un alto impacto social y económico sin tener ninguna certeza de cómo podrían financiarla en el tiempo, con el agregado de que responsabilizan a otra gestión por los recursos necesarios para pagar una decisión que ellxs tomaron. No se discute que la medida es justa, pero si la forma y de dónde saldrán los recursos para implementarla.    

Sin embargo, quizás sea mucho más interesante pensar la solución que las culpas.
Un primer paso podría ser buscar una propuesta a largo plazo lejos de los tiempos electorales, lo que podría implicar que se deje de condicionar todo por el cortoplacismo de los comicios.

No se puede dejar de mencionar que el municipio de la Capital pasó a planta miles de trabajadores en medio de una campaña y luego de perder en las PASO. Como tampoco podemos pasar por alto que el Gobierno provincial ve en el radicalismo un rival político directo y tiene una postura diferente a la que tiene con otras comunas.  

Existen algunos puntos de coincidencia muy significativos: todxs creen que lxs precarizadxs deben en algún momento ser pasados a planta permanente, también coinciden en que la actual ley de coparticipación debe ser modificada y hasta reconocen que los servicios en la ciudad Capital se prestan de manera deficitaria. Obviamente que cada unx responsabiliza a la otra parte por esta realidad, pero no es un punto menor que en algunos elementos describan el problema de la misma manera.

La dirigencia, lxs periodistas, lxs operadores políticxs y hasta una parte de la ciudadanía estamos todes pensando cómo impactará en las elecciones del 14 de noviembre este conflicto. ¿A quién beneficiará electoralmente y a quién perjudicará? 

Y esa forma de razonar también es parte del problema. Hace años que al conflicto entre la Provincia y el municipio lo leemos en clave de política de corto plazo, en elecciones y votos, a lo mejor cada unx desde su lugar podríamos aportar una mirada más larga en el tiempo, para que la Capital deje de ser un Estado fallido.