Algo huele mal

El conflicto entre la Provincia y el municipio suma elementos, con la basura como eje de la semana y la nacionalización del tema. Y todo ello ocurre en un escenario en el cual no aparecen señales de acercamiento. ¿Cómo se sale de esta situación que tiene a 225 mil capitalinxs como rehenes?

Antes de comenzar a redactar este texto pensaba en lo cansado que estoy de hablar y de escribir de lo mismo. Analizaba cuán pertinente periodísticamente es volver a mencionar los mismos argumentos, la reiteración de problemas, de antecedentes y la cantidad de lugares comunes que este comentario político tendrá. 

Pero luego pensé en el habitante de la ciudad Capital y su hartazgo. Su cansancio porque la basura no se levanta de manera normal hace más de 10 días, el Concejo Deliberante que no funciona hace dos meses y en el enojo de lxs trabajadores precarizadxs que llevan más de una década en esa situación. 

Y entonces la necesidad de escribir otra vez sobre lo mismo se impone. 

La relación entre el Gobierno provincial y el municipal está en su peor momento. No solamente porque no hay ningún canal de conversación habilitado entre las partes, sino porque la relación personal entre la intendenta Inés Brizuela y Doria y el gobernador Ricardo Quintela está quebrada (las imágenes en el acto de asunción de lxs diputadxs provinciales fueron elocuentes).

Está claro que el vínculo se puede recomponer y la relación reencausarse, pero hoy no parece sencillo que eso ocurra.
En este momento hay dos lecturas contrapuestas sobre cómo sigue este conflicto. 

En el municipio de la Capital no tienen un “Plan B”. 
La decisión es no dar marcha atrás con las designaciones de pase a planta permanente y seguir apostando a que el Gobierno provincial envíe los recursos necesarios para financiar esa medida, considerando que la Provincia no aplica correctamente las liquidaciones estipuladas por la Ley de coparticipación.

La estimación más cauta menciona la necesidad de contar con 84 millones de pesos mensuales para poder concretar las designaciones. La cifra podría ser un poco menor, si se toma en cuenta que actualmente la grilla salarial de la totalidad de los Programas de Entrenamiento Municipal (PEM) ya implica 54,6 millones de pesos por mes, de los cuales 40,6 millones de pesos los paga la Provincia.
En el Palacio municipal Juan Ramírez de Velasco se ilusionan con el comunicado que esta semana emitió la Pastoral Social y en el llamado a una necesidad de dialogar.  

En el mismo sentido, creen que la nacionalización del conflicto que se generó por la intervención de la Junta nacional de “Juntos por el Cambio” y los posteos en redes sociales del ex presidente Mauricio Macri, puede generar un clima nacional de presión sobre el Gobierno provincial. 

En la Casa de las Tejas analizan todo lo contrario. 
En el oficialismo provincial interpretan que hubo una operación de prensa para instalar como víctima a la comuna, cuando ellxs entienden que en realidad el conflicto surge por una medida que tomó la propia gestión comunal. “Cuando quemaron la puerta de la residencia nadie reaccionó, pero cuando por el mismo reclamo hay incidentes en la puerta del municipio, hablan de un ataque a la institucionalidad. No tiene lógica”, sostienen.  

Todo ello tiene como trasfondo el debate que se viene en el Congreso nacional del presupuesto, en donde la Municipalidad de La Rioja espera ratificar la llegada de por lo menos 250 millones de pesos anuales. 

Esos recursos serán motivo de una intensa discusión: en la gestión del ex intendente Alberto Paredes Urquiza eran 120 millones de pesos anuales y se utilizaban para pagarle a los PEM. La actual gestión no los destina en su totalidad con ese fin, porque en el presupuesto se establece que son de libre disponibilidad y los toman para gastos de funcionamiento. 

Dentro del peronismo hay quienes quieren plantear ese debate en la Cámara de Diputados de la Nación y es por ello que las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri o de la conducción nacional de “Juntos por el Cambio” adquieren un valor especial. Lo mismo que el rol que podría cumplir el diputado nacional cordobés Mario Negri.

En el Gobierno provincial la respuesta fuera de los micrófonos es la misma que al aire: "Es un problema de ellos, que ellos generaron y ellos tienen que resolver. No es una cuestión de diálogos", esa afirmación la repite desde el gobernador Ricardo Quintela hasta el último funcionarix de la Casa de las Tejas. 

El oficialismo provincial cree que la crisis se generó por la decisión de la comuna de pasar a planta permanente a más de 2.800 personas sin tener los recursos necesarios para hacerlo y violando lo determinado por la ley de coparticipación. 

En ese sentido, las máximas autoridades de la Provincia condicionan cualquier diálogo a dar de baja esos nombramientos. “Que vuelvan todo al 1 de julio y nos sentamos a conversar”, se escucha en la mesa chica del poder provincial. 

Existe una propuesta por parte de la “Casa de las Tejas” y tiene dos partes: aumentar el monto que actualmente le paga la Provincia a los PEM (sobre 19.500 pesos que cobran en la actualidad, 14.500 pesos los aporta la Provincia y solamente 5.000 el municipio) y comenzar en los próximos años un paulatino proceso de pase a planta, similar al que se realiza con el resto de lxs trabajadorxs del Estado. 

La pregunta de fondo es la misma desde hace meses: ¿Cómo se sale de esta situación? Con una negociación política, no hay otra solución. 
En esa negociación las partes deberán ceder, no podrán obtener todo lo que desean ni cumplir todos sus objetivos, pero la ciudad más poblada de La Rioja no puede seguir atrapada en esta lógica. 

Tiene razón la Municipalidad cuando dice que lxs 2.800 trabajadores precarizadxs fueron incorporadxs al municipio en las gestiones peronistas anteriores. Pero no puede desconocer que el pase a planta fue hecho sin ninguna previsión financiera certera.

Más allá de las razones legales y el debate sobre una ley de coparticipación que discrimina a la Capital, la gestión de “Juntos por el Cambio” tomó una medida cuyo costo mensual es de más de 80 millones de pesos (que no tiene) y su única expectativa es que otra administración le aporte recursos. 

Hay un problema con lxs precarizadxs que atraviesa las últimas seis gestiones municipales (cinco de ellas peronistas), pero la actual administración comunal encontró una manera de solucionarlo que a la luz de lo que está pasando claramente no es la adecuada.  
Mientras que el Gobierno provincial deberá habilitar el diálogo. 

Aun cuando el problema se generó por una medida del municipio, si en la principal ciudad de la Provincia hay una crisis de la magnitud de la que vivimos esta semana, el Estado provincial debe intentar coordinar acciones con la comuna para encontrar una solución. 

Es cierto que declarar la emergencia sanitaria y sumar camiones para recoger los residuos es un aporte muy significativo, pero es de corto plazo. Hay que sentarse entre las partes a pensar cómo hacer para que la realidad financiera de la Municipalidad deje de ser un problema que se repite siempre igual, sin importar quién gobierne.

Si nos salimos de la coyuntura y nos detenemos a pensar que en las últimas horas el debate estuvo centrado en quién tenía las llaves de los camiones o que en la ciudad se pudieron ver vehículos recogiendo la basura con custodia policial, nos damos cuenta que la situación sería hasta graciosa si en el medio no estuvieran toneladas de residuos y el trabajo de miles de empleadxs que no tienen sus derechos laborales garantizados. 

En La Rioja hace calor, llueve poco y la Provincia y el municipio confrontan, parecen tres verdades inalterables. Las dos primeras afirmaciones dependen de la naturaleza, la tercera la podemos resolver los seres humanos. "Por ello hacemos un llamado al diálogo, al encuentro y a la paz social”, sostuvo esta semana la Pastoral social en su comunicado.