Ávila resaltó que desde el gobierno provincial no hay transparencia en el manejo de los fondos y aseguró que existen malos manejos con las ONG, fundaciones y SAPEM. Por lo que declarar la Emergencia Social, habilita al ejecutivo a hacer uso de fondos del presupuesto ya sancionado y redireccionarlo a otros fines, que acuerde la cámara de diputados. “No queremos dejar librado a que sea una situación de mayor irregularidad”, dijo la diputada.
El proyecto presentado por la diputada ya tomo estado parlamentario. En él se plantea la prioridad de crear un programa de alimento social, por los altos costos de la canasta básica. El pase a planta de los trabajadores precarizados de forma gradual y progresiva. La actualización de la escala salarial, la reincorporación de cerca de 160 cesanteados de Desarrollo Social, quienes tenían a cargo los Centros Escolares. La creación de un fondo compensador tarifario, para subsidiar el servicio eléctrico, y mayores suministros para las salas de atención primaria. Ávila destacó que desde el partido están abiertos a recibir más propuestas o puntos a los cuales se les debe dar prioridad.
“Esto entendemos nosotros que es un proyecto de Emergencia Social, los otros bloques pueden incorporar estas prioridades. De lo contrario estaríamos facultando al ejecutivo que administre de forma concentrada todos los recursos de la provincia”, argumentó.