En la Legislatura provincial, el oficialismo, presentó un proyecto de Emergencia Social que incluye una serie de medidas para “enfrentar la situación de emergencia que afecta a los sectores más humildes, y hace foco en la creación de programas para dar ayuda y contención a diversos sectores a fin de asegurar la alimentación, la vivienda, asistencia técnica para cooperativas y para pequeños productores agropecuarios”. Es decir que, en La Rioja, hay pobres y al parecer en condiciones extremas porque propone además la creación de un Programa Alimentario Provincial. Es decir, como en los peores momentos de la Argentina, consistirá en módulos alimentarios y/o provisión de alimentos; tickets, vales y/o tarjetas de débito; asistencia alimentaria en comedores; asistencia a huertas o la combinación de dichas prestaciones.
Suma además, que los funcionarios aporten 100 pesos a este fondo por dos años como una modo de “colaboración”. Con un contexto político y económico nacional distinto donde son reiterados los reclamos por fondos y por la deuda de obra pública, más el ajuste tarifario , el Gobierno provincial que conduce Sergio Casas, vive una situación compleja porque el Estado es el primer generador de la economía y concentra además la mayor cantidad de empleados públicos.
El presente es complejo y también es consecuencia de las decisiones del pasado. Algunos funcionarios recuerdan que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue muy beneficioso para La Rioja. Entonces: ¿Por qué no se pudieron generar políticas que despeguen la economía riojana y que la generación de empleo dependa de actividades económicas privadas?
La obra pública la genera el Estado, las empresas del Parque Industrial ya no cuenta con el régimen de promoción industrial, las ventas en los comercios cayeron, y algunas de las actividades de la producción viven en crisis hace un tiempo largo.
¿Qué pasó con el ambicioso plan de sociedades estatales que generarían empleos? Por cierto que no se conoce el número de SAPEM, sus accionistas, sus estados patrimoniales, ni sus ganancias. Fue una de las mayores apuestas del Estado.
Este proyecto también contempla la creación de un Fondo Especial de Emergencia que estará destinado a financiar los Programas de la presente Ley; y se determina que la tasa correspondiente al EUCOP formará parte del Fondo Especial creado dentro de la norma.”
Respecto del EUCOP, cuando fue el ajuste de tarifas, no se conoce aún ni por la empresa EDELaR ni por el organismo de control, el monto que la Provincia destinó para subsidiar la energía y como se aplica ese plan.
Además, se autoriza a la Función Ejecutiva, a través del organismo que corresponda, a realizar “un estudio económico y social en todo el territorio provincial, con el fin de obtener un diagnóstico fehaciente del impacto de la crisis". Antes de las elecciones generales se realizó un Censo provincial para conocer un serie de índices y determinar así políticas de estado para los próximos cuatro años. Implicó un gasto del Estado y los resultados, al menos públicamente, no se conocen. Los legisladores, en todo caso, deberían acudir a esta estadística.
Y no queda ajeno el Presupuesto, ley que queda guardada bajo cuatro llaves, cada año cuando se aprueba, y nunca se puede conocer porque no se debate en el recinto y porque tampoco se publicita.
Es decir, es cierto que el Estado debe intervenir y paliar con sus políticas a los sectores más vulnerables ; pero también es cierto que la manera de dignificar a los sectores mas empobrecidos en con la generación de empleo, salarios dignos y derechos garantizados. Los gobernantes son lo responsables de administrar un estado que es de todos que requiere de transparencia y no es menore que los actores políticos que hoy proponen políticas de emergencia son los mismos que hace ya un tiempo debían encargarse de generar un sistema que no quede tan afectado por las crisis cíclicas del país. El dinero es nuestro, y la responsabilidad de generar políticas de los gobernantes y de reclamar de la sociedad.