La Cámara de Diputados sancionó el jueves pasado la Ley de Emergencia Social para garantizar ayuda a los sectores más vulnerables de la Provincia y mejorar “su calidad de vida”. La norma establece tareas paralelas con dos ministerios: El de Infraestructura y el de Desarrollo Social. Es porque crea en primer lugar un programa para “la cesión o adjudicación de lotes con servicios, viviendas sociales, la provisión de recursos para mejoramientos habitacionales familiares consistentes en reparaciones o ampliaciones de viviendas, conforme las necesidades básicas de cada grupo familiar en estado de vulnerabilidad”. La Secretaría de Relaciones Institucionales y Políticas Regionales, cuyo titular es Ariel Puy Soria y la Subsecretaría de Economía Social que conduce Guido Varas son los dos organismos que funcionarán como la autoridad de aplicación de la norma.
Pero además fue creada una Comisión Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario de la Cámara de Diputados. Implica que los legisladores tendrán a su cargo la aprobación y distribución de los programas creados.
Los programas serán financiados con un Fondo Especial de Emergencia con recursos de la Nación que lleguen a la Provincia, la tasa correspondiente al EUCOP, y las utilidades generadas a la Provincia como producto de la regulación de los juegos de azar. La ley, además, establece una contribución de emergencia a cargo de los funcionarios de las tres funciones del Estado, como por ejemplo, Gobernador, vicegobernador, diputados, ministros, jueces, entre otros