El secretario penal, del Juzgado Federal de La Rioja, José Luis Combina reveló que uno de los implicados en el megaoperativo antidrogas poseía un certificado de cultivo medicinal, pero con el registro vencido. La Justicia pone la lupa sobre el exceso de plantas y la tenencia de más de 20 armas de fuego para determinar si la organización operaba bajo una fachada legal.
En una entrevista que arrojó luz sobre los nuevos desafíos del combate al narcotráfico, el secretario penal del Juzgado Federal de La Rioja, José Luis Combina, explicó que el éxito del reciente operativo de la Policía Federal radica en el análisis de una compleja red de cultivo que intentaba mimetizarse con la legalidad.
Uno de los puntos más novedosos de la causa es la vinculación con el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Combina advirtió que este sistema, diseñado para fines terapéuticos, suele ser utilizado de forma «abusiva» para encubrir actividades ilícitas.
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En este operativo, se detectó que al menos uno de los sospechosos contaba con el registro, pero el mismo se encontraba vencido.
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La ley permite un máximo de 9 plantas para pacientes, pero en los allanamientos se secuestraron 170, superando ampliamente cualquier límite medicinal.
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El juzgado busca determinar si esta habilitación fue utilizada como una pantalla para la comercialización a gran escala.
Tres meses de inteligencia y escuchas
El funcionario destacó que el procedimiento fue el cierre de una investigación silenciosa de 90 días, que incluyó intervenciones telefónicas estratégicas.
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La unidad especializada UNIPROJU de Gendarmería Nacional fue clave para procesar las escuchas que permitieron identificar los cuatro domicilios allanados.
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Además de las 170 plantas, se incautaron 7 kilos de cogollos ya procesados y listos para la venta.
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Los cuatro detenidos, todos varones mayores de edad, se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Otro dato que agrava la situación de los detenidos es el hallazgo de entre 20 y 21 armas de fuego. Combina señaló que, una vez que el sumario policial llegue al juzgado, se oficiará al RENAR para investigar el origen y la categoría de las mismas. Se busca establecer si se trata de armas de guerra o si cuentan con registro de tenencia civil, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.
Finalmente, el secretario penal recordó que el Código Penal sanciona la siembra y el cultivo no autorizado con penas de 4 a 15 años de prisión. Con las pericias informáticas a los celulares secuestrados, la justicia federal espera desentrañar la ruta de comercialización y no descarta nuevas detenciones.
